Deber de pago de honorarios a letrada de la demandada en el desistimiento del actor

El TSJ cordobés remarcó que los estipendios en tales condiciones no implican que la profesional no pueda reclamarlos a quien le encomendó la labor, pero sin los gastos por tareas previas a la acción, al incorporarse a la causa en un pleito ya iniciado

Al confirmar la obligación del codemandado, de abonar los honorarios de su ex letrada en el acuerdo de desistimiento realizado por el actor, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la parte de una casación que peticionaba que el codemandado y la codemandada Bugsua SA no adeuden a quien fue abogada el pago por apertura de carpeta de la ley arancelaria, ya que ello implica el caso del estudio previo a la acción judicial, lo cual no ocurrió porque la letrada entró a prestar servicios a un juicio ya iniciado.

El codemandado H. B. se agravió porque el a quo le impuso solidariamente el pago de los estipendios de su ex letrada. Adujo que el magistrado avanzó sobre cuestiones ya zanjadas en la sentencia, violentando la cosa juzgada dado que el actor desistió -sin costas- de la demanda en su contra.

La recurrente aseveró que el juez de la instancia previa se extralimitó en su función y que la propia interesada solicitó que la regulación fuera a cargo de la empresa accionada.

Finalmente, H. B. destacó que ningún argumento del fallo citado por el a quo puede ser aplicado al sub examen, en virtud de la disimilitud de sus circunstancias fácticas.

A su turno, el TSJ integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo, al evaluar la cuestión, indicó que el andamiaje recursivo presentado a la casación “evidencia una versión particular e interesada del contexto procesal de la causa, sin demostrar los yerros denunciados”.

En ese sentido, el Alto Cuerpo precisó que la exención total de costas que el a quo puede disponer “en favor de quien desiste” (artículo 28, Código Procesal del Trabajo) no modifica la obligación de pago solidaria que recae sobre los comitentes de la gestión profesional (artículo 14, Código Arancelario), tal como aconteció en este caso.

Frente a ello, el fallo que las postulaciones del impugnante, relativas a la solicitud de la regulación, la jurisprudencia que el citó juzgador y los principios que denuncia vulnerados, “sólo exhiben la pretensión de una modalidad de imposición distinta, comprometiendo facultades privativas de los Tribunales de Mérito, por lo que resultan ineficaces para habilitar esta instancia de excepción”.

Denuncia

Por otra parte, los supremos señalaron que ambos codemandados -H. B. y Bugsua SA- denuncian errónea aplicación del artículo 104, inciso 5, ley 9459, al agraviarse por la regulación de honorarios que el a quo practicó a favor de su ex letrada por las “tareas previas a iniciar el juicio”.

En esa dirección, se relató que los codemandados arguyeron que sólo el profesional que comienza el litigio (abogado de la parte actora) puede reclamar emolumentos por tal concepto, citando doctrina y jurisprudencia en aval de su postura.

Al respecto, el TSJ consideró que le asistía razón a los recurrentes, al argumentar que la lectura del articulado en cuestión infiere que el derecho retributivo, surge en función de aquellas diligencias que el profesional efectúa en forma previa a la presentación de la demanda.

De ello, el Alto Cuerpo apuntó, como contrapartida, su inaplicabilidad al letrado de la accionada, cuya actividad se despliega con posterioridad a la iniciación del pleito.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió que correspondía anular el decisorio en el aspecto precedente y, entrando al fondo del asunto, se desestimó la regulación de honorarios practicada a favor de la doctora S. G. S. D’ E. por “gastos de apertura de carpeta”.