Debate por la eutanasia en España: colegios de médicos, odontólogos y farmacéuticos rechazan la ley

Esas organizaciones manifestaron que -si hubiera un correcto desarrollo de los cuidados paliativos- la demanda de ayuda para morir sería “mínima o nula”. También aducen que la normativa es “un grave riesgo para la población” y que pone en situación de “indefensión” a los profesionales sanitarios

A mediados de diciembre, el Congreso de Diputados de España aprobó la denominada Ley de Eutanasia y ese país se encaminó a convertirse en el sexto del mundo en habilitar la práctica. [privado]

La iniciativa del Partido Socialista (PS) obtuvo 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones.

Establece que pueden pedir la eutanasia los pacientes con alguna dolencia irreversible, siempre que hayan manifestado su intención en cinco etapas procesales y cuenten con aval médico.

Además, establece que deben ser mayores de edad y haber residido en España por lo menos en los últimos 12 meses.

Ahora falta la aprobación en el Senado.

Si bien las previsiones indican que el trámite se completará sin inconvenientes y a la brevedad, varias entidades de prestadores de salud manifestaron su rechazo a la normativa.

Los colegios de médicos, odontólogos y farmacéuticos de Madrid emitieron un comunicado en el cual aducen que es “un grave riesgo para la población” y que pone en situación de “indefensión” a los profesionales sanitarios.

En concreto, las organizaciones manifestaron que -si hubiera un correcto desarrollo de los cuidados paliativos- la demanda de ayuda para morir sería “mínima o nula”.

“La demanda de eutanasia es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales experto”, dice la misiva.

Bajo esa premisa, afirma que hay una “ausencia de demanda social” de la eutanasia porque “los reclamos son muy pocos”.

El presidente de la entidad que nuclea a los galenos de la capital de España, Manuel Martínez-Sellés, precisó que cuando se habla de “indefensión” se refiere a que si bien es cierto que la legislación establece que pueden objetar, muchos profesionales temen las consecuencias que su decisión podría tener, ya que son comunes los contratos de trabajo semestrales.

Por ello, propone que quienes estén a favor de la eutanasia se anoten en una lista.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, declaró que la mayoría de los médicos no recibe peticiones de eutanasia sino de mejores cuidados paliativos, y aseguró que hay un proyecto de ley en la materia “en un cajón del Congreso desde hace años”.

Para el galeno, aquella precariedad “obliga” a muchos de sus colegas a “matar a sus pacientes”, lo que, según indicó, es contrario al código deontológico.

Martínez-Sellés cuestionó también que se prevea los fallecimientos de personas que pidan la práctica se cataloguen como muertes naturales y juzgó que se trata de “un engaño”.

Inoportuna

“La ley es muy inoportuna, teniendo en cuenta la situación de pandemia y el gran número de sanitarios que se han visto afectados por el coronavirus”, acota el comunicado.

En esa línea, también denuncia que no se pudieron hacer asambleas presenciales ni debates y no concurrieron expertos al Congreso.

El comunicado asegura que la población está “muy influida” por lo que definió como “los casos extremos que salen en los medios” y que no sabe distinguir entre “los cuidados paliativos y la eutanasia como tal”.

Bajo esa premisa, concluye pidiendo que se retire la Ley de Eutanasia y que se analice una sobre cuidados paliativos, y adelanta: “Nos reservamos el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología”.

Transversal

La eutanasia ya rige en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda y la posibilidad de su regulación cuenta con amplio consenso social en España -en torno a 80 por ciento, según algunas encuestas-. “Es una demanda transversal de la sociedad”, declaró el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En los últimos años, el Congreso español rechazó en cuatro ocasiones tratar la cuestión, pese a que los reclamos de varios pacientes terminales que llegaron los titulares.

El último caso mediático fue el de Ángel Hernández, incriminado por cooperación en el suicidio de su esposa, en abril de 2019, pese a que ella le dio su consentimiento y lo grabó en vídeo. El pionero fue Ramón Sampedro, el tetraplégico gallego a quien le facilitaron la muerte en 1998 y cuya historia de vida fue llevada al cine por Alejandro Amenabar en la película Mar adentro .

Pese a la penalización de la eutanasia, en España ya existía una ley de muerte digna que establece las condiciones a las que puede acogerse una persona en situación terminal, incidiendo en el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales.

Referéndum

Cabe recordar que a fines de octubre de 2020 Nueva Zelanda aprobó en un referéndum vinculante la eutanasia para enfermos terminales. En la consulta, 65,2 por ciento de los votantes respaldó la ley aprobada el 13 de noviembre de 2019 en el Parlamento.

El procedimiento será legal a partir del 6 de noviembre de este año y se permitirá que un médico administre una droga letal a un adulto desahuciado que lo haya solicitado de forma consciente y voluntaria. Otros dos galenos deberán supervisar el procedimiento y acordar en que el paciente está en condiciones de manifestar su voluntad.

El líder del partido ACT, David Seymour, quien apoyó la medida, escribió en su cuenta de Facebook que gracias al resultado de la votación “miles de neozelandeses que afrontan una muerte horrorosa tendrán una elección, dignidad, control y autonomía sobre sus propios cuerpos bajo la protección de la ley”.

Por su parte, Matt Vickers, viudo de Lecretia Seales, una mujer que luchó en los tribunales por su derecho a morir, declaró que la norma, que combina otras que protegen los derechos individuales en el país, será segura.

Aunque la eutanasia es legal en otros países, Nueva Zelanda es el primero en hacerlo mediante un referéndum.

Argentina

En Argentina hay dos marcos regulatorios que habilitan la toma de decisiones al final de la vida: la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, aprobada en 2009 y modificada en 2012 (también llamada “ley de muerte digna”), que permite a toda persona opinar sobre el tratamiento que desea o no recibir, y las disposiciones del Código Civil vigente desde 2015, que en sus artículos 59 y 60 norma el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud y las directivas médicas anticipadas, respectivamente. La legislación sancionada en 2012 permite a pacientes y familiares limitar los esfuerzos terapéuticos en los casos de una “enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal”, pero no contempla la eutanasia ni el suicidio asistido.

Peticiones

-Después de la difusión del comunicado conjunto de los colegiados, Fernando Marín, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, opinó que el documento “hace asunciones” y plantea “demandas absurdas”.

-“Claro que las peticiones de eutanasia son minoritarias. Incluso entre quienes se plantean pedirla, la mayoría no lo hace, pero que una ley afecte a pocas personas no es excusa para no aprobarla”, valoró.

-Marín acotó que “con la regulación de la objeción de conciencia no existe indefensión de los profesionales” y recordó que la decisión se tiene que tomar fruto de un acuerdo entre galeno y paciente.

- “Aunque hay que respetar el derecho del paciente, a nadie le puede parecer raro que haya médicos que se declaren objetores, teniendo en cuenta que la eutanasia apenas existe en seis países en el mundo”, estimó. [/privado]