ESCUCHARHasta ahora, son 30 quienes fueron procesadas y sentenciadas por delitos de lesa humanidad, por hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Hasta el momento, 30 mujeres fueron condenadas, en su mayoría por la supresión de identidad de menores, en el marco de los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Según un relevamiento realizado por el sitio InfojusNoticias, de los 515 represores condenados hasta hoy, 30 son mujeres y más de 20 fueron sentenciadas por la apropiación de menores y en general recibieron condenas leves, no mayores de seis años.
Raquel Leiro Mendiondo fue condenada por la apropiación de Paula Eva Logares, secuestrada junto a sus padres a los 22 meses de edad; Beatriz Alicia Castillo (de Miara) fue sentenciada por la supresión de identidad de los mellizos Gonzalo Javier y Matías Ángel Reggiardo Tolisa, caso conocido como el de “los mellizos Miara”; y Mercedes Moreira por cambiar la identidad de Claudia Victoria Poblete.
También fueron condenadas Teodora Jofre, en 2005, por la apropiación de Guillermo Rodolfo Fernando Pérez, hijo de José Pérez Rojo y Patricia Roisinblit; y María Cristina Gómez Pinto, en 2008, por la supresión de identidad de María Eugenia Sampallo Barragán, quien los acusó por habérsela apropiado.
Por la supresión de identidad de Evelin Karina Bauer Pegoraro, anotada como Evelyn Vázquez, fueron condenadas en 2011 la apropiadora Ana María Ferrá y Justina Cáceres, la partera que falsificó el certificado de nacimiento.
Por su parte, por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, nacido en marzo de 1978, quien recuperó su identidad el 9 de febrero de 2006, fueron condenadas en 2012 la apropiadora Silvia Beatriz Molina y la médica que falsificó la partida de nacimiento, Nora Raquel Manacorda.
San Juan
En San Juan, en 2011, fue condenada la apropiadora Raquel Quinteros, por la supresión de identidad de Jorge Guillermo Goya Martínez Aranda.
En 2011, fue sentenciada María Elena Mauriño, por la apropiación de Victoria Moyano Artigas, hija de un matrimonio uruguayo secuestrado en Argentina.
Teresa Mastronicola fue condenada por la apropiación de Sabino Abdala, hijo de Susana Falabella y José Abdala, quien durante 17 años se llamó Federico Gabriel Wojtowicz.
En tanto, Adriana González fue condenada, junto a su esposo, el ex agente de inteligencia Miguel Ángel Furci, por la sustitución de identidad de Mariana Zaffaroni Islas; y Marta Elvira Leiro, quien ya cumplió su pena, fue condenada por la apropiación de Carlos Rodolfo De Luccía.
Nilda Wehrli, esposa del médico del Ejército Norberto Bianco, fue condenada por la supresión de identidad de Pablo Hernán Casariego, quien nació en cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionó en la guarnición militar de Campo de Mayo, conocido como “El Campito”.
En 2010, Élida Hermann fue condenada por la apropiación de Juliana García Recchia, quien tenía tres años cuando asesinaron a su padre y secuestraron a su mamá, que estaba embarazada.
María Francisco Morillo fue condenada, el 12 de marzo de este año, por delitos cometidos en Campo de Mayo, junto a su marido Carlos del Señor Garzón, por la apropiación de María Catalina Sánchez Ovando, quien recuperó su identidad en 2008.
ESMA
En tanto, Cristina Mariñelarena fue condenada el 15 de abril de este año por la apropiación del hijo de Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Cagnola, nacido en la ESMA, junto a la entregadora Graciela Lugones.
Asimismo, María Mercedes Elichalt fue condenada el 12 de julio de este año por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, beba nacida en un centro clandestino de detención, quien se convirtió en 1987 en la primera nieta recuperada nacida en cautiverio.
En ese mismo juicio se condenó a la médica Silvia Marta Kirilovsky, quien falsificó y firmó el certificado de nacimiento de la menor.
Aída Blandina Pizzoni y Margarita Fernández fueron condenadas el 3 de diciembre de 2013, en un nuevo juicio por delitos en Campo de Mayo, por la apropiación de Martín Amarilla Molfino y Gabriel Matías Cevasco, respectivamente, hoy nietos restituidos.
Por otra parte, fueron condenadas las policías Mirta Graciela Antón, Teresa González, María Luisa Acosta de Barraza, Marta Cejas, María Eva Aebi y María Elena Guerra.
En 2009, fue condenada María Eva Aebi, carcelera del centro de detención santafesino Guardia de Infantería Reforzada, quien llevó a Silvia Suppo a abortar un embarazo producto de las violaciones a las que fue sometida en ese lugar durante la dictadura.
Antón, alias “Cuca”, fue condenada en 2010 por ser un elemento central dentro de la estructura represiva del D2 en Córdoba y todos los sobrevivientes de este centro clandestino de detención la recuerdan por su brutalidad.
González fue condenada en el distrito de Morón en 1988, junto al ex suboficial de la Brigada de Investigaciones de San Justo Nelson Rubén, ambos con pena cumplida, por la apropiación de María José Lavalle Lemos.
Tucumán
Acosta de Barraza fue condenada en Tucumán, acusada de haber participado de torturas y secuestros en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de esa provincia.
El 12 de diciembre de este año, también en Tucumán, fue condenada la policía María Elena Guerra, en el marco de la denominada megacausa “Jefatura II-Arsenales II”. En tanto, en Santiago del Estero, el 19 de diciembre, fue condenada Marta Cejas, la primera esposa del represor santiagueño Musa Azar, quien cumplía tareas bajo sus órdenes.
