El jurado de enjuiciamiento que lleva adelante el jury contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio dará a conocer este jueves su veredicto y definirá si el magistrado, suspendido de sus funciones tras negarse en 2018 a cumplir con un pedido de detención contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, debe ser restituido o destituido de su cargo.
Carzoglio fue suspendido en 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de detención contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente.
Tras la declaración de 85 testigos -55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán-, el jurado definirá hoy si Carzoglio debe ser restituido en su cargo, del que fue apartado en 2018, o destituido como juez de Garantías del Departamento Judicial Avellaneda Lanús.
En una carta difundida por WhatsApp, el magistrado indicó que el veredicto “resolverá acerca de su regreso a la Justicia o su alejamiento definitivo de ella” y que “la jornada marcará el final de una historia en su vida” y el “comienzo de otra”.
En ese sentido, indicó que una nueva etapa podrá “desarrollarse en la misma Justicia, con su reintegro a la función, o en cualquier otro ámbito de actividad”.
Carzoglio anticipó que suceda lo que suceda a él lo seguirán “viendo caminar las calles de Avellaneda, siempre en contacto con la realidad, como vecino, juez, abogado, padre y abuelo de familia, o en el lugar que Dios me tenga reservado para seguir cumpliendo con mi misión”.
“Ojalá vuelva a mi querido Juzgado, lo deseo de corazón”, destacó el magistrado, quien hoy a las 10 conocerá la resolución en el edificio Alberto Balestrini de la calle 7 y 49 de La Plata, donde se desarrollan audiencias.
Carzoglio denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras rechazar el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, dos agentes jerárquicos de la AFI, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, le pidieron la detención de los sindicalistas e, incluso, le entregaron un borrador de la resolución que debía firmar.
Tras esa negativa, Carzoglio fue denunciado por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.
También, por “formular expresiones indecorosas y agresivas” contra una agente fiscal, por “maltrato” al personal de su juzgado y por irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.
Así, primero se lo apartó en forma preventiva por 90 días y luego se resolvió directamente suspenderlo hasta que se defina si se lo destituye o no del cargo.
El jurado está presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan e integrado por los legisladores provinciales de Juntos Ismael Passaglia y Erica Revilla; del Frente de Todos (FdT) Débora Galán y Maite Alvado, y de Espacio Abierto, Walter Carusso, y los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione y Jorge Pablo Martínez, de La Plata; Juan Emilio Spinelli, de Necochea, y Pedro Jorge Arbini Trujillo, de San Isidro.