Cuestionan un fallo que devolvió un local donde se elaboraban estupefacientes

Se constató que el encartado les ofrecía a sus clientes, por e-mail, productos fabricados con drogas prohibidas

El agente Franco Picardi -a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5- apeló el fallo que dispuso la devolución de un local comercial -una farmacia ubicada en la ciudad de Buenos Aires- donde se sospecha que el imputado en la causa elaboraba compuestos con efedrina y otras sustancias ilegales, que luego comercializaba.
Picardi fundamentó su recurso alegando que la decisión del Juzgado Federal Número 6 ocasionaba un gravamen de imposible reparación ulterior, en tanto da marcha atrás con una medida cautelar destinada a incautar la propiedad utilizada para cometer el hecho y a hacer cesar los efectos del delito investigado. Durante la pesquisa se constató que el encartado les ofrecía a sus clientes, mediante listas de distribución que les enviaba por correo electrónico, diversos productos fabricados con drogas ilegales.

A principios de septiembre se registró la farmacia y se secuestraron dinero en efectivo, dos máquinas compactadoras de pastillas, un mechero, una batidora y un embudo y una gran cantidad de frascos, bolsas y cajas con diversas etiquetas de distintas drogas, entre otros elementos relevantes para la pesquisa. Según se desprende del acta de procedimiento, en las instalaciones del lugar se detectó un segundo laboratorio, oculto tras una puerta similar a un armario, y otro compartimento o depósito con un acceso disimulado desde el recinto de atención al público, y se procedió a clausurar preventivamente el inmueble.
Cuando el encausado fue indagado, su defensor solicitó el levantamiento del cierre del negocio, por la imperiosa necesidad económica de su asistido de volver a trabajar. La Fiscalía se opuso pero hace dos semanas el juez hizo lugar al planteo de la defensa, al valorar que aún no se determinó con certeza la existencia de estupefacientes, ya que hay peritajes en curso y está en juego la fuente laboral tanto del imputado como de terceros.
En su presentación, Picardi indicó que si bien los resultados de los peritajes tienen importancia para evaluar adecuadamente la eventual responsabilidad penal del imputado, nada dicen sobre la procedencia del resguardo judicial de la propiedad, porque el fundamento de la medida no se relaciona con el reproche personal del caso sino con interrumpir la utilización ilícita del bien y evitar que el delito rinda frutos.

En esa dirección, alegó que las pruebas obrantes en el expediente cubren “holgadamente” las exigencias que autorizan al juez a imponer medidas cautelares sobre bienes “si son considerados instrumentos del delito y si tienen por objeto hacer cesar la comisión del hecho, sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho”.
Así, estimó que hay elementos objetivos suficientes como para presumir que el local fue sido utilizado como herramienta para el ilícito bajo investigación. “La reconstrucción de los hechos permite establecer que en la farmacia se comercializaba un producto conocido como “ECA”, compuesto por efedrina, un precursor químico para cuya distribución se requiere una autorización específica, y que además se producían otros -total o parcialmente- compuestos por LSD”, detalló el agente.

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