ESCUCHARLa CTA Autónoma (CTAA) se presentó este miércoles como ‘amicus curiae’ en la causa que impulsó el Ministerio de Justicia de la Nación ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.
En la presentación, que llevó la firma del secretario general de la CTAA, Hugo «Cachorro» Godoy, la central obrera solicitó ante la Corte su admisión en el expediente como ‘amicus curiae’ y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy.
En un comunicado, la central explicó que la solicitud se sumó a la causa que impulsó el Estado Nacional mediante el Ministerio de Justicia.
Entre los argumentos, la CTAA requirió que se haga lugar a la acción «en resguardo de las garantías constitucionales e internacionales propias del estado constitucional de derecho en cuanto los artículos 67 incisos 4, 94 y 95 de la constitución de Jujuy resultan violatorios de esas premisas, y por ende inconstitucionales e inconvencionales».
«A partir de la reforma, los derechos y garantías allí consagrados en los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 19, 31, 33, 75 incisos 17 y 22 y 123 se ven seriamente afectados», alertó.
Además, la CTAA consideró que la reforma resulta «violatoria» de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que forman parte del bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna, y los Convenios 87 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente al máximo tribunal, también reclamó la realización de una audiencia pública para que se escuche a todas las partes presentadas en el expediente para «exponer sobre la violación a los derechos fundamentales expresados y la necesidad urgente de garantizar la vigencia de las garantías constitucionales vigentes».
A la vez, el gremio presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en reclamo a que el organismo internacional le solicite al Estado argentino «la adopción de las medidas necesarias para la protección de los derechos de dirigentes sindicales, integrantes de pueblos originarios, organizaciones sociales, colectivo de mujeres, y dirigentes políticos».
Para la CTAA esos sectores se encuentran en Jujuy «en situación de riesgo de privación ilegal de la libertad, con motivo de la persecución política, hostigamiento y criminalización en su contra dirigida a disciplinar a sectores de la oposición en esa provincia».
Por eso, se le reclamó a la CorteIDH que llame al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias que garanticen la integridad personal y libertad ambulatoria de los beneficiarios involucrados».
