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El legislador Juan Carlos Vega impulsa la iniciativa. También hay debate sobre el tema del decomiso de bienes previo al dictado de sentencia.
Tras un acuerdo general, el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia de la Cámara de Diputados envió al recinto un dictamen que contempla modificaciones al Código Penal (CP) para los casos de corrupción de funcionarios públicos. Sin embargo, se expresaron disidencias en casos puntuales, las que serán resueltas en la sesión.
El legislador Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) impulsa la iniciativa y señaló que está en sintonía con los estándares internacionales. Asimismo, destacó la figura del “arrepentimiento” o, como consigna el dictamen, del “colaborador eficaz”.
Por su parte, el diputado Horacio Alcuaz (Generación para un Encuentro Nacional) criticó la eficiencia de la inclusión de aquella figura y arremetió contra el proyecto expresando que el agravamiento de penas no es el modo para resolver el conflicto, acotando que la Ley de Ética Pública -LEP- era el ejemplo de eso. En tanto, Laura Alonso (PRO) sostuvo que el arrepentido fue “útil para culminar de desenmarañar el régimen de Fujimori, en Perú”.
Uno de los puntos más discutidos del proyecto es el que prevé el decomiso de bienes, ya que el dictamen plantea (al igual que la LEP) esa posibilidad como un paso previo a la sentencia judicial. Así, el presidente de la comisión de Justicia, Ricardo Gil Lavedra (UCR), destacó que la redacción era muy amplia y propuso adecuarla a lo normado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También expresó reparos el legislador Raúl Barrandeguy (FPV) y, al respecto, recordó que el decomiso es una pena material y que la legislación impide que se aplique una sanción sin juicio previo.
