La semana pasada, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por Juan Gemignani, Mariano Borinsky y Eduardo Riggi- revocó un fallo de la Cámara Federal y ordenó investigar al procurador del Tesoro Carlos Zaninni; a la fiscal Gabriela Boquín y al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por sus intervenciones en la causa de la quiebra de Correo Argentino SA.
La causa en la cual se pronunció la Casación comenzó en 2020, con una presentación de SOCMA Americana, la empresa de la familia Macri, que denunció a presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y alteración de un sistema informático.
A su turno, el juez Sebastián Casanello archivó el expediente por inexistencia de delito. En agosto del año pasado, con la disidencia de Martín Irurzun, los magistrados Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, ratificaron el decisorio.
“Ante la ausencia de posibles conductas ilícitas por parte de funcionarios públicos, no corresponde a este fuero criminal federal emitir opinión ni ejercer jurisdicción en asuntos que exceden su competencia”, expresaron los autores del voto mayoritario.
Sin embargo, la Casación hizo lugar al recurso que presentó el Correo Argentino y reabrió la pesquisa, al entender que hay medidas de prueba pendientes que podrían aportar “elementos conducentes” para la investigación”; entre ellas, el pedido a la justicia comercial del expediente del concurso, que la Procuración General de la Nación informe si existen sumarios iniciados contra la fiscal Boquín y que se disponga un registro de llamadas entre los teléfonos de Boquín, Zannini, Nissen y la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
Ahora, SOCMA reclamó en Comodoro Py que se investiguen las comunicaciones entre Boquín, Zannini, Nissen y Gils Carbó por su rol en la causa por la quiebra de Correo Argentino SA.
El planteo lo formularon Francisco Castex y Luciano Pauls, querellantes en representación de la compañía, ante Casanello.
Las novedades se enmarcan en la trama judicial involucran a la empresa de la familia del ex presidente Mauricio Macri, que incluye actuaciones en el fuero comercial (donde se dictó y suspendió la falencia de Correo Argentino), en los tribunales de Retiro (por el derrotero del acuerdo al que se arribó durante el anterior Gobierno) y en la justicia en lo Contencioso Administrativo (en donde la empresa le reclama al Estado por haberse quedado con sus activos durante el kirchnerismo).
En la causa comercial, a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, Zannini solicitó que se active la quiebra, que quedó en suspenso el 4 de mayo, cuando la Cámara en lo Comercial, por mayoría, dispuso que antes de continuar el trámite se debe resolver si la Máxima Instancia porteña es una instancia de apelación en el proceso y si tiene que revisar los pedidos de recusación contra la fiscal Boquín, la jueza que declaró la quiebra, Marta Cirulli, y la nueva camarista María Guadalupe Vázquez, nombrada el año pasado.
Cabe recordar que Zannini peticionó que la quiebra del Correo se extienda a SOCMA y a SIDECO, mientras que el ex presidente Macri sostiene que todo se trata de una persecución política.
