ESCUCHARLa primera presentación la interpondrá un particular, quien dejó de recibir el beneficio por cobrar paralelamente un programa de capacitación laboral de la Provincia. Se sostiene que el decreto es inconstitucional. Los juzgados federales de Neuquén y General Roca ya hicieron lugar a dos cautelares
La decisión del Gobierno nacional de dar de baja más de 80 mil pensiones no contributivas por discapacidad ya se siente en los tribunales de todo el país, donde comenzaron a llegar los amparos de quienes se han visto perjudicados por esta decisión.
En Córdoba, la primera presentación judicial la interpondrá hoy el abogado Jorge Sánchez del Bianco, en representación de Lucas Adrián López, de 24 años. El joven percibía el beneficio hasta hace tres meses, producto de una discapacidad motriz que sufrió tras una encefalitis. El Gobierno nacional le retiró la pensión luego de comprobar que recibía paralelamente $4.500 en concepto de un programa de capacitación laboral del Gobierno provincial.
Sánchez del Bianco adelantó a Comercio y Justicia que, además de este amparo individual, trabajan sobre otro de carácter colectivo.
El eje central del amparo se fundamenta en que la aplicación del decreto firmado oportunamente por el ex presidente Carlos Menem, y que utilizó el gobierno de Macri para discontinuar las pensiones no contributivas a discapacitados, es inconstitucional; ya que, años más tarde, Argentina incorporó a su Carta Magna la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que reconoce que estas personas son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.
Marcha atrás
Ya hay dos tribunales federales que hicieron lugar a las cautelares presentadas: fueron los juzgados de Neuquén y General Roca. En ambos casos se ordenó al Ministerio de Desarrollo Social restablecer las pensiones hasta que no se sustancie debidamente el procedimiento administrativo necesario para adoptar la medida, de acuerdo con lo exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Se tuvo en cuenta, asimismo, el carácter alimentario de las pensiones dadas de baja.
Luego de conocerse lo resuelto en los casos particulares, las organizaciones no gubernamentales Asociación Civil Encuentro Solidario y Fundación Patagónica INAUN hicieron una presentación judicial para que se extienda a todo el grupo vulnerable de discapacitados la suspensión de las bajas que no se hayan dictado de acuerdo a los parámetros legales. A esta presentación luego se adhirió el diputado del Frente para la Victoria Martin Doñate.
Asimismo, el fiscal Gabriel De Vedia, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), cuestionó la legalidad de la medida y recordó que la pensión por discapacidad “no es ni un subsidio ni una dádiva ni una limosna ni una caridad, es un derecho”.
Qué dice el decreto
El decreto en cuestión exige que ni el peticionante de la pensión ni su cónyuge estén bajo otro régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva (incluso, la jubilación mínima), que no tenga parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos y que no vivan con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo. Además, dispone que el incapacitado no debe poseer bienes (un auto, por ejemplo), ingresos ni recursos que le permitan su subsistencia.
Estos requisitos se oponen a la autonomía de la persona, que el Estado debe garantizar por tratados internacionales de rango constitucional, advierten quienes critican el decreto.
También se cuestiona que el Gobierno haya aplicado los recortes sin respetar el derecho de defensa. De acuerdo con los relatos que llegaron a las ONG, los beneficiarios se enteraron de que les recortaron las pensiones cuando revisaron la cuenta bancaria, sin notificación previa ni posibildad de oponer argumentos.
El panorama
83 mil suman las pensiones no contributivas que se dejaron de pagar. Pese a todo, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, descartó que su cartera contemple una baja masiva de pensiones para los discapacitados.
Se estima que hay 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación para acceder a un nuevo certificado de discapacidad. La demora es de un año promedio.
$ 4.776 pesos es el monto estimado de las pensiones no contributivas por discapacidad.
