Cooperativa incurrió en fraude laboral al proveer personal a un hotel de una asociación gremial

En la decisión se entendió que la Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social fue empleadora directa de la trabajadora accionante y la Cooperativa de Trabajo Independencia Ltda., intermediaria solidaria

Luego de verificar la existencia de fraude laboral, al considerar que la Cooperativa de Trabajo Independencia Ltda. funcionaba como una fachada para ofrecer empleados que luego laboraban en el hotel de la codemandada Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, lo cual está expresamente prohibido por la norma que la regula los entes cooperativos, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar al recurso planteado por la trabajadora accionante y ordenó a ambas demandadas el pago de las indemnizaciones por despido y demás rubros laborales debidos.

El juez a quo, a partir de lo informado en el peritaje contable oficial, evaluó que la cooperativa se encontraba legalmente constituida y que la actora fue socia de ésta, por lo que descartó la existencia de una relación laboral. Luego, dijo que no se probó que la entidad hubiera sido creada para eludir obligaciones laborales ni que su formación y actuación tuvieran como objeto incurrir en fraude a la ley, concluyendo que los testimonios carecían de entidad suficiente para desvirtuar la conclusión anterior. Finalmente, liberó de responsabilidad a la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social en virtud de que no existía ningún tipo de solidaridad.

Sentencia arbitraria

La demandante se agravió porque ese tribunal rechazó la demanda con costas. Denunció que la sentencia es arbitraria porque el a quo le otorgó prevalencia a los registros formales por sobre la realidad que relataron los testigos y sostuvo que mediante la prueba testimonial se acreditó que la demandada no se comportaba como una verdadera cooperativa sino como una empresa privada.

Por último, la accionante afirmó que se verificó que el fraude consistió en la utilización de la figura cooperativa para encubrir contrataciones laborales y abonar remuneraciones sustancialmente inferiores a las legales.

A su turno, el Alto Cuerpo, integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo, al analizar la cuestión, indicó que el a quo, al evaluar la relación existente entre las partes, priorizó el cumplimiento de las condiciones formales que indicaron la legalidad de la constitución societaria de la cooperativa, sin tener en cuenta las circunstancias particulares de la causa “a la luz del principio rector de la búsqueda de verdad real, al argumentar que las declaraciones testimoniales confirman que la relación carecía de las cualidades cooperativistas”.

Ninguna participación

En esa dirección, el TSJ apuntó que la actora figuraba en los registros como socia pero se acreditó que no tenía ninguna participación en la vida interna de la cooperativa, tampoco concurrió a las asambleas ni fue instruida adecuadamente bajo los preceptos propios de ese tipo de asociación.

Por otra parte, el fallo indicó que los testimonios antes referidos indicaron que prestaba servicios permanentes como mucama a beneficio exclusivo del complejo turístico “Balcón del Lago”, de la codemandada asociación mutual, remarcando que esta circunstancia, sumada a la evidencia de que se le abonaba menos que el salario legal propio de la actividad, muestra la existencia de un modo de apropiación de la fuerza productiva de la trabajadora que vulneró el orden público laboral.

En consecuencia, infirió el TSJ que bajo la apariencia de un contrato entre las demandadas para la prestación de un servicio cooperativo se encubrió la provisión permanente de la fuerza de trabajo de la actora para el hotel, en una tarea ordinaria e imprescindible por un precio menor al de la labor dependiente, agregando que la habilitación para funcionar resulta irrelevante porque, al involucrar el trabajo de su asociada en una estructura empresarial ajena la cooperativa, violentó la prohibición del artículo 40 de la ley 25877 que las regula.

Impedimento

Se indicó que la Sala Laboral ha sostenido que el impedimento que se impuso a las cooperativas de trabajo de actuar como agencias de colocación tuvo como fin evitar la práctica de las usuarias de contratar trabajadores de tales entidades para cumplir tareas normales y propias de su giro comercial, como modo de alterar la estructura de la ley laboral y privar de la tutela respectiva al personal, so pretexto de la existencia de actos cooperativos.

De este modo, el TSJ dio por probada la intermediación prevista en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), debiendo considerarse que la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social fue empleadora directa de la actora, y la Cooperativa de Trabajo Independencia Ltda, intermediaria solidaria.