ESCUCHARLa Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) también fustigó la medida. En un comunicado, expuso que la decisión del Ejecutivo nacional es inconstitucional y respaldó la iniciativa del gobernador Suárez de acudir a la Justicia
La semana pasada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y conducido por Alejandro Marmoni desde diciembre, emitió la resolución 47, que reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.
Consideró que el artículo 18 del Código Civil establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan” y de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” según lo establezca la ley, de conformidad con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
También alegó que el Estado nacional, en el marco de “sus políticas publicas indígenas”, cree que es “absolutamente necesario” relevar y demarcar los predios que ocupan aquellas comunidades “para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización” de su reconocimiento constitucional.
El otorgamiento de más de 4.477 hectáreas, antecedido por el de otras 21.500, fue repudiado por el arco político de la provincia cuyana y el opositor.
El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez Rosaz, fustigó la decisión y afirmó que es nula.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, consideró que antes de ceder terrenos “el análisis tiene que ser completo” y que debe abarcar lo jurídico, lo institucional y lo histórico.
Además, dijo que en Mendoza no hay mapuches y adelantó que la jurisdicción iba a cuestionar la resolución.
Activos
El gobernador Rodolfo Suárez expresó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Alberto Fernández de entregar propiedad privada y activos económicos de Mendoza porque hay hectáreas en donde hay actividad petrolera.
Por su parte, Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y actual senador por la UCR, sostuvo, también en sus redes sociales: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.
En su descargo vía Twitter, agregó que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, no puede decidir sobre recursos provinciales.
Hace horas, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó un proyecto pidiendo que se cite al Legislativo a Marmoni para que explique “por qué se violó la Ley 26160” con la adjudicación de 25 mil hectáreas en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de de Mendoza.
“Es una vergüenza la gestión del INAI en Argentina. Necesitamos que su presidente informe urgente en el Congreso”, estimó.
Paralelamente, planteó que Mendoza “es más bien la regla” porque “no es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”.
Emergencia
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años.
La norma fue prorrogada sucesivamente. La última vez, mediante un DNU, en noviembre del año pasado, que extendió su vigencia hasta fines de 2025.
El decreto asignó un presupuesto extra de 290 millones de pesos por año para hacer relevamientos y estipuló que se deber concretar con la intervención del Estado provincial.
“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas”, planteó Carrizo.
“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, enfatizó.
“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó.
En los próximos días, la Administración radical Suárez presentará un recurso administrativo frente al INAI para que se detenga la entrega de tierras a comunidades indígenas y se declaren inconstitucionales las últimas resoluciones que habilitaron cesiones.
Si lo rechaza, se descuenta que el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por lo pronto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) rechazó la decisión del INAI.
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, juzgó que las amenazas contra la propiedad privada “vienen multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país”; principalmente, en la Patagonia.
Lo hizo durante su participación de la 80° Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut.
En su discurso de inauguración oficial de la exposición, dijo que “la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país”, y vinculó la problemática a “la inacción judicial y a la complicidad de la política”.
El dirigente que integra la Mesa de Enlace también cuestionó que el Estado nacional le otorgue tierras públicas a comunidades supuestamente originarias.
“La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública”, recalcó, y aseveró que la Sociedad Rural “continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”.
En relación a la problemática de Mendoza, Pino señaló: “Nos encontramos con que el Gobierno le entrega no se cuántos miles de hectáreas en la provincia de Mendoza a estos señores que demostrándose en el nombre mapuche, se apoderan de cosas que no son de ellos. Estos señores son argentinos y como argentinos les tiene que caber la ley, igual que a cada uno de nosotros. No dejemos pasar esto”.
“¿Por qué el Estado cede a algunos lo que es de todos?”, sumó.
La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) se pronunció en la misma línea.
En un comunicado, expuso que la decisión del Ejecutivo nacional es inconstitucional y respaldó la iniciativa del gobernador Suárez de acudir ante la Justicia.
Además, recordó que si bien la mayoría de las tierras que se otorgaron a los mapuches son fiscales, hay derechos de propiedad de empresas en juego.
“Basta de regalar tierras fiscales y basta de atropellos al derecho de propiedad. Es un camino peligroso y sin retorno. Pongámosle freno ya a todo esto”, precisó AAPA en el documento que difundió.
“Defendemos a los pueblos originarios pero condenamos a los pseudo mapuches que en muchos casos son cómplices de políticos inescrupulosos. Basta de avasallamiento contra la propiedad de las tierras en la Argentina. Pongámosle freno ya”, agregó.
Río Negro
Cabe recordar que el septiembre del año pasado más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio pidieron citar a la por entonces máxima autoridad del INAI para que aportara datos sobre un nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche.
Reclamaron que explicara qué medidas tomaba el Gobierno nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.
Recordaron que el 23 de noviembre de 2021 el Gobierno decidió extender por cuarta vez la vigencia de la legislación mientras el Congreso debatía su prórroga y apuntaron al presupuesto extra.
Después de otro episodio de violencia en la Patagonia, los legisladores se preguntaron si cabía renovarle el presupuesto a la INAI.
“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas?”, se preguntaron.
En ese momento, hacía poco más de un mes que había dimitido Odarda y aún no se había oficializado la designación de su reemplazante, Analía Noriega, cuyo paso por el organismo fue fugaz: se fue en noviembre pasado.
“Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyeron Carrizo, Tetaz, Torello, Campagnoli, Rodrigo de Loredo, Graciela Ocaña y Sabrina Ajmechet, entre otros.
