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Confirmaron al fiscal que acusará al juez federal mendocino Bento

Walter Bento. Tiene ocho procesamientos firmes.
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La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó al fiscal general Dante Vega para intervenir en el juicio oral en contra el juez federal de Mendoza Walter Bento (suspendido) y otros imputados, en el marco de la causa por venta de beneficios judiciales.

Los vocales Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky declararon inadmisible el recurso presentado por Bento. Lo propio hicieron do hace dos meses con un planteo similar de otro imputado Javier Angeletti.

Según Bento, el Tribunal Oral Número 2 de Mendoza avaló la intervención de Vega pese a que no reúne las exigencias previstas en la Constitución Nacional, en los Tratados de Derechos Humanos y en “la Ley en materia de objetividad del Ministerio Público Fiscal”.

Gemignani enfatizó que no es admisible que los supuestos de recusación se constituyan “en meros instrumentos librados a la voluntad inmotivada de las partes”.

Añadió que “las causales que motivan un planteo de recusación deben ser evaluadas con máxima ponderación y prudencia”.

Por su parte, Borinsky recordó que Bento no demostró la pérdida de objetividad que pregonó respecto de Vega.

Recientemente, la Corte Suprema autorizó al jurado de enjuiciamiento a iniciar el proceso de remoción contra el funcionario mendocino.

Cesantía
Paralelamente, el alto tribual ratificó la cesantía en la Justicia de uno de sus hijos, Nahuel Bento, también bajo pesquisa por una larga lista de maniobras ilícitas.

En mayo pasado, con la abstención del kirchnerismo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) aprobó el juicio político de Bento, por la causal de mal desempeño.

La acusación fue aprobada con los votos del abogado Miguel Piedecasas, del senador radical Eduardo Vischi y de los diputados Álvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR).

Se abstuvieron los diputados del FdT Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y el abogado Héctor Recalde.

Todos entendieron que el dictamen era deficiente y que se debía profundizar.

El funcionario tiene ocho procesamientos firmes por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, prevaricato, abuso de autoridad, desobediencia a una orden emanada por autoridad judicial y falsedad ideológica. A fines de este mes comenzará el debate.

Electoral
Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza.

Además de investigar el crimen organizado es el juez electoral de la provincia. Por las demoras del CMN en definir su caso quedó cerca de ser el responsable de organizar y controlar los comicios nacionales.

Dos semanas antes de que se aprobara su juicio pólítcio, a pedido del kirchnerismo, el consejo volvió a postergar la votación del dictamen acusatorio.

La solicitud para retrasar el análisis del caso la presentó Tailhade y fue aceptado por los restantes consejeros.

“No hice a tiempo de leer miles y miles de fojas. Me interesa la causa penal y no pude, sinceramente, leerla en profundidad”, argumentó Tailhade.

Su par en la Cámara Baja y en el organismo, González (PRO), dijo que le parecía razonable tener 15 días más para abordar un expediente tan “complejo y voluminoso”.

Tailhade sostuvo además que era necesario “no dejar cabos sueltos” y sugirió analizar las nulidades que acababa de promover Bento, pero su idea no prosperó.

Así, a instancias del presidente de la Comisión de Acusación, Piedecasas, fueron rechazadas por improcedentes.

Por su parte, la abogada De la Torre también se pronunció por no hacer lugar a los planteos del juez y sugirió que eran parte de una estrategia dilatoria.

Cablevisión
Bento fue nombrado en el Juzgado Federal 1 en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En 2011 hizo un resonante allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con Clarín.

A pedido del grupo Vila-Manzano, intervino la operadora de cable porteña, como si fuera su jurisdicción.

La Corte determinó la nulidad de las actuaciones y cuestionó el accionar de Bento.

Fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En 2012, la mayoría kirchnerista se impuso y los cargos fueron desestimados por el organismo.

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