Confirman validez de la evaluación de desempeño de empleada de tribunal municipal

La demandada resistió dicha pretensión y afirmó que la calificación efectuada respondía en un todo a la conducta desplegada por la actora durante el período considerado y, por lo tanto, la resolución cuestionada no vulneraba derecho constitucional alguno

La Justicia Contencioso-administrativa de Córdoba rechazó la demanda de plena jurisdicción interpuesta contra la Municipalidad de Córdoba, en la cual la actora pretendía la nulidad del acta de calificación de su desempeño anual, formulada por la Secretaría del Juzgado de Faltas y de las resoluciones confirmatorias de tal acta, por considerarla arbitraria, infundada e inconstitucional.

M. C. M. demandó con motivo del dictado de la resolución N.° 317 de fecha 20/11/2015, emanada del Administrador General de los Tribunales Administrativos y Municipales de Faltas, que ordena no hacer lugar por improcedente el recurso jerárquico en subsidio interpuesto con el recurso de reconsideración, en contra del acta de calificación por el Juzgado de Faltas N.° 8, solicitando se declare nula y se proceda a recalificarla con objetividad y legalidad.

Antecedentes

La dependiente manifestó que es empleada en el cargo 05-13 y desempeña funciones administrativas en el referido tribunal municipal. Destacó que en 2014 se realizó una evaluación de desempeño anual, correspondiente al período 01/10/2013 hasta el 30/09/2014, en los términos del artículo 23 de la ordenanza N° 7244 y lo previsto en el decreto reglamentario 15975/A/82, las dos instancias, evaluada por la secretaria M. F. B, quien disminuyó en forma absolutamente arbitraria, irrazonable e infundada las calificaciones y le otorgó por concepto de calidad y rendimiento cinco puntos sobre 100, por rubro conocimientos 20 puntos sobre 100, por rubro cooperación cero punto sobre 100, por rubro responsabilidad cero punto sobre 100, y por rubro corrección personal 10 puntos sobre 100 posibles, razón por la cual el resultado de la evaluación fue agraviante, descalificante y disvaliosa, con un puntaje final de 47,90 puntos, surgido del promedio de ambas instancias con más la corrección por ausentismo.

La dependiente advirtió que en 2015 se inició mediante expediente un sumario administrativo por mal desempeño en contra de la jueza de Faltas del citado tribunal, en el que le imputa una grave demora en la resolución de un número de causas y haber falseado información remitida al administrador general.

Contexto

La demandante señaló en el contexto de esa causa, prestó declaración testimonial, agregando que la calificación insuficiente ha sido colocada en represalia a sus dichos, que pueden haber afectado a la secretaria mencionada, lo que luego fue ratificado por el administrador, al denegarse los recursos administrativos intentados. Asimismo añadió que en la audiencia testimonial efectuó una denuncia de una persecución gremial, política, personal y política que incluso fue comunicada al gremio.

Finalmente, la mujer sostuvo que no ha existido ningún hecho en el período calificatorio que justifique la inusual, brusca e inexplicable baja en el puntaje asignado, causándole un daño irreparable en la carrera administrativa.

La Cámara 1ª Contencioso-administrativa, integrada por los vocales Leonardo Massimino, Ángel Gutiez y Gabriela Cáceres, señaló que en el caso surgió en forma indudable que el organismo calificador ejerce una actividad discrecional vinculada a lo técnico, pero discrecional al fin; es aquí la autoridad administrativa la que tiene la necesaria competencia e idoneidad para determinar cuándo un agente obvió el cumplimiento de sus obligaciones o las llevó a cabo de un modo insuficiente.

El tribunal sostuvo que no advirtió contradicción entre el ejercicio que se hiciera de la facultad de calificación a la agente por parte de la evaluadora frente a los objetivos impuestos por la norma legal que regula tal actividad.

Objeción

Se destacó que la objeción de la actora desembocó en la realización de un informe de la evaluadora que da cuenta de las razones tenidas en cuenta para dichos juicios de valor.

Es así que consideró la Cámara que, se tratan estos de antecedentes de clara objetividad que son sustento suficiente de la calificación que se efectuara a la actora, sin que exista constancia alguna tendiente a invalidar dichos elementos.

En virtud de ello, el fallo entendió que la evaluadora actuó dentro de la juridicidad y la calificación efectuada, a la postre, constituye un acto dotado de causa desde las exigencias de la legitimidad, además de su clara razonabilidad si lo analizamos desde la discrecionalidad.

Finalmente, consideró que tampoco es de recibo la construcción que propone la actora de que existe “una maniobra urdida para provocar su descalificación laboral, como represalia a los dichos en la audiencia testimonial”.