La Corte Suprema ratificó lo actuado en la expulsión de una ciudadana colombiana

En la instancia previa se anuló la disposición al considerar que la mujer no contó con el debido asesoramiento, pero el Máximo Tribunal del país no encontró razones para sostener que ese detalle podría haber influido en la decisión de los jueces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) admitió un recurso extraordinario y, por mayoría, revocó una sentencia que declaró nula la decisión de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de expulsar y prohibir el reingreso al país a una extranjera.

El caso data de 2016, cuando el citado organismo declaró irregular la permanencia en el país de una ciudadana colombiana, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso con carácter permanente por la existencia de una condena penal. La mujer interpuso un recurso administrativo, con patrocinio letrado, que fue rechazado, pero luego la Cámara Federal de La Plata revocó la sentencia que había rechazado el recurso y anuló el acto impugnado.

Para así decidir, el tribunal sostuvo que el acto por el que se dispuso la expulsión era nulo por la falta de efectiva y oportuna asistencia jurídica, puesto que de las actuaciones administrativas surgía que la presentación de la actora con patrocinio letrado se había producido luego del dictado de aquel acto.

Asistencia jurídica

Los camaristas concluyeron que “la falta de la efectiva y oportuna asistencia jurídica legalmente prevista, no sólo en el derecho interno sino también en la doctrina de organismos internacionales, configuró una situación de indefensión que no pudo ser revertida” .

La causa "Z. C., C. L. c/ Dirección Nacional de Migraciones s/ recurso directo a juzgado" arribó a la CSJN, que recordó que artículo 86 de la ley 25871, vigente al momento de la expulsión, dispone: “Los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que carezcan de medios económicos, tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del territorio argentino. Además tendrán derecho a la asistencia de intérprete/s si no comprenden o hablan el idioma oficial. Las reglamentaciones a la presente, que en su caso se dicten, deberán resguardar el ejercicio del Derecho Constitucional de defensa”.

Medios

"De la norma transcripta surge que los ciudadanos extranjeros que carecen de medios económicos, tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en los procedimientos que pueden conducir a su expulsión del territorio nacional. Sin embargo, de ella no se colige la exigencia de comunicar ese derecho al interesado de forma personal y fehaciente, y nada se dice acerca de dar intervención al Ministerio Público de la Defensa en caso de ausencia de petición expresa en ese sentido", indicaron los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti , añadiendo que no se advierte “de qué modo la previa labor de un letrado en defensa de sus derechos habría influido en la decisión que cuestiona”.

Finalmente, los magistrados agregaron que ante la falta de demostración de una lesión efectiva al derecho de defensa y la ausencia de incumplimiento de un precepto normativo expreso y específico, “el invocado derecho a la asistencia jurídica oportuna no puede ser interpretado con tal extensión que conduzca a declarar la nulidad del acto de expulsión solo por la ausencia de previa notificación al interesado de la consagración de ese derecho”.

Disidencia

En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz consideró que debía confirmarse la nulidad declarada por la Cámara, destacando que el derecho en cuestión se concede a los migrantes para aquellos procedimientos “que puedan llevar (…) a [su] (…) expulsión del territorio argentino” y que "dicho derecho fue concedido para garantizar el asesoramiento en todas las instancias procesales de los casos en los que la expulsión del migrante es una de las consecuencias posibles".

Además, Rosenkrantz ponderó que "del carácter voluntario que indudablemente tiene el patrocinio letrado en favor de los migrantes no se sigue que la Dirección Nacional de Migraciones esté exenta del deber de comunicar la existencia de ese derecho" y que "la única manera eficaz de que un extranjero sobre quien pesa una orden de expulsión conozca los derechos que le asisten es mediante la intervención de un abogado".