Confirman que no se actualiza base regulatoria para honorarios en incidentes de quiebras

El TSJ cordobés sostuvo que ello no constituye una excepción a la norma general que establece la suspensión de los intereses en las falencias, aunque los estipendios fueran reclamados por el abogado del fallido a un tercero que perdió un incidente de revisión al declararse caduco

Al interpretar que en la regulación de honorarios en casos de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) se sigue el criterio de la suspensión de los intereses a la fecha que se pide la falencia, también a los efectos de conformar la base económica de la regulación, la Sala Civil del Tribunal Superior (TSJ) de Justicia de Córdoba rechazó el recurso del letrado de la fallida, quien pretendía que se actualizara la mencionada base arancelaria de un incidente de revisión, que fue declarado perimido.

En el marco del incidente de revisión promovido por la firma Bruno Tesan SA en la quiebra de M. del R. G. R., la jueza de grado había declarado la perención, lo que fue apelado por la fallida y, luego de sustanciado el recurso, ésta desistió de la apelación, razón por la cual la alzada proveyó ese desistimiento, impuso las costas a la mujer y reguló provisoriamente en ocho jus los honorarios de su abogado por los trabajos profesionales cumplidos en el trámite de apelación.

Semanas después, y ante el mismo tribunal, el letrado pidió la regulación definitiva de sus honorarios, propuso la base económica que debía utilizarse e indicó el porcentaje que debía aplicarse.

Sin perjuicio

La cámara practicó la regulación y la estableció en $224.610,31, añadiendo que la suma era sin perjuicio de la regulación provisoria que antes se había efectuado. Disconforme con el monto, el profesional interpone recurso de casación contra el pronunciamiento, afirmando que la a quo incurrió entonces en falta de fundamentación legal, porque se apartó del artículo 31, inciso 2º de la norma arancelaria, que expresamente manda incluir en la base regulatoria los intereses correspondientes al crédito cuya actuación se pretendió.

El letrado destacó que la suspensión del curso de los intereses de los créditos sólo rige respecto de las deudas que pesan sobre el fallido, pero no opera con relación a los créditos que el fallido inviste contra terceros, como era su caso, por una condena en costas impuesta a un acreedor del fallido, supuesto en el cual los intereses continúan devengándose normalmente.

Absurdo

El profesional sostuvo que lo resuelto conformaba un criterio absurdo, porque conduciría a excluir o morigerar intereses en todos los casos de regulaciones de honorarios e importaría derogar la norma, pues se sabe que en la tasa de interés de uso judicial se incluye siempre un componente destinado a paliar la desvalorización monetaria.

Finalmente, el abogado expuso que se desconoció la realidad económica que existió en el tiempo transcurrido entre el momento en que se dictó la sentencia de verificación y el instante en que se practicó la regulación de honorarios, tiempo durante el cual existió una importante inflación que impactó en el precio de los bienes y servicios y ejemplificó la cuestión comparando los valores a que ascendían determinados bienes y servicios en fechas distintas.

Al analizar la cuestión, el TSJ integrado por Marta Cáceres, Domingo Juan Sesín y Luis Eugenio Angulo observó que corresponde desestimar los argumentos mediante los cuales el letrado cuestionó la aplicación que se efectuó del citado artículo 129 LCQ, sobre la base de sostener que en autos no se ventiló en realidad un crédito que se invocara contra la fallida sino una acreencia que esta inviste contra un tercero acreedor. Para el Alto Cuerpo, tales argumentos no eran atendibles, ni idóneos para excluir aplicación de éste, que estatuye la suspensión de los intereses.

Singular

Los supremos aludieron que si bien es verdad que en el caso singular se trata de un crédito extraconcursal, en cuanto deriva de una condena en costas impuesta en el marco de una perención de instancia contra un tercero que se insinúa en el pasivo falencial; o sea, que no se trata de una obligación que incumba a la quebrada, a propósito de ese crédito y a los fines de su cuantificación, se establece que la pretensión que conformó la materia del procedimiento en cuyo desenvolvimiento se desempeñó el letrado y que sirve para identificar la base económica de la regulación, estuvo constituida sí por el crédito que -por vía de revisión- se atribuyó la firma “Bruno Tesan SA” en relación a la deudora en concurso, es decir por un crédito que efectivamente se aspiraba a incluir en la masa pasiva y al cual por tanto le es aplicable la norma del artículo 129 LCQ.

En otras palabras, el TSJ indicó que para proveer el pedido de regulación de honorarios del doctor M. S. era necesario individualizar la base económica de esa regulación y ella estaba dada por la pretensión correspondiente a una acreencia concursal que gravitaba específicamente sobre la deudora en concurso, M. del R. G. R., de manera que, contrariamente de lo que argumenta el letrado en el recurso, devenía naturalmente aplicable la norma legal que impone la suspensión del curso de los intereses.