Confirman que el juicio de regulación de honorarios no tiene aportes previsionales

El tribunal entendió que la norma aplicable al caso sería contradictoria, si primero determinara la exención del cargo para iniciar el pleito de cuantificación de los estipendios, para luego incluirlos en la planilla al ejecutar la sentencia final

Al interpretar el artículo 11 del Código Arancelario, la Cámara 8ª en lo Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación presentada y confirmó la resolución de primera instancia que determinó que en la planilla final, en la cual se determinaron sus honorarios del accionante, tampoco se debían incluir los aportes previsionales, al entenderse que éstos no se generan en los pleitos en los cuales se discute el monto de este emolumento.

El tribunal integrado por los vocales Gabriela Lorena Eslava y Héctor Hugo Liendo, al analizar la apelación presentada por el letrado, indicó que para el análisis del caso se debía apuntar que la norma bajo análisis establece, concretamente, que “todas las actuaciones destinadas a obtener regulaciones de honorarios de abogados, procuradores o peritos judiciales, o a ejecutar los regulados o convenidos, no están sujetos a aportes previsionales, colegiales o de cualquier otra naturaleza”.

Texto

Esa norma añade: “Dichas actuaciones, así como las medidas cautelares que tuvieran por objeto asegurar la percepción de honorarios, no abonarán al inicio del trámite impuestos o tasas, debiendo los mismos ser incluidos en la planilla final y soportados por quien corresponda”, por lo que “los honorarios de los peritos y demás costos del pedido de regulación, son a cargo de la parte que no efectuó una estimación fundada, o en su caso, de aquella estimación haya resultado más alejada de la tasación pericial”.

En la instancia de grado, la jueza a quo ordenó reformular la planilla considerando que debía excluirse el monto correspondiente a la Caja de Abogados, en los términos del artículo 111 de la ley 9459, lo que fue cuestionado ante la alzada por el recurrente.

Bajo esas premisas, la cámara advirtió que la aparente dificultad interpretativa se advierte, en tanto al comienzo de la norma transcripta se dispone que “todas las actuaciones destinadas a obtener regulaciones (…) o a ejecutar los regulados (…) no están sujetos a aportes previsionales, colegiales o de cualquier otra naturaleza” y luego se establece que “no abonarán al inicio del trámite impuestos o tasas, debiendo los mismos ser incluidos en la planilla final y soportados por quien corresponda”.

Al respecto, los vocales sostuvieron que no puede considerarse que el legislador haya previsto dos normas antagónicas para el mismo supuesto de hecho, resaltando que no podía considerarse que al comienzo del artículo citado se establezca que “no están sujetos a aportes previsionales, colegiales o de cualquier otra naturaleza” y luego, regulando la misma situación se haga referencia a un diferimiento.

Término

Así las cosas, la alzada sostuvo que el término “sujeción”, al que hace referencia el legislador, se refiere claramente a que “no hay relación obligacional, la actuación judicial regulada entonces, no está sujeta a aporte, no hay vínculo jurídico”.

Por ello, el tribunal infirió que no puede entenderse válidamente que una sujeción inexistente sea diferida, entendiendo concretamente que, en la búsqueda de una interpretación armónica del artículo 111 de la ley 9459, a la luz del argumento a coherentia, debía considerarse que las dos partes de la norma, refieren a situaciones, de hecho, diversas.

En ese orden de ideas, los jueces definieron que la primera parte, que se refiere a la ausencia de sujeción, hace referencia a aportes previsionales y colegiales, en tanto que la segunda se refiere a “impuestos y tasas”, puesto que específicamente se establece que “no abonarán al inicio del trámite impuestos o tasas, debiendo los mismos ser incluidos en la planilla final y soportados por quien corresponda”.

Argumento

En resumen, la decisión apuntó que, a la luz del argumento señalado, la norma adquiere coherencia y no existe una contradicción del legislador al establecer ausencia de sujeción primero, y diferimiento después, de la misma obligación inicial.

De lo contrario, se interpretó que nos encontraríamos frente a una norma autocontradictoria, lo cual descartaría la interpretación que propugna el recurrente.

En definitiva, en el fallo se resolvió que lo resuelto por la jueza de primera instancia, en cuanto ordena reformular la planilla excluyendo los aportes correspondientes a la caja de abogados, resulta ajustado a derecho y, por lo tanto, debe ser mantenido en todo cuanto dispone.