Confirman que depositario responde por destrucción de obras de arte

El tribunal aclaró que no era relevante que una de las accionadas hubiera contratado a un tercero para cumplir con una parte de sus obligaciones, pues ello debe ser encuadrado como un modo subsidiario de ejecutar el plan prestacional

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la responsabilidad de un depositario por la destrucción total de los trabajos de una artista plástica a raíz del incendio en el inmueble donde estaban guardados. [privado]

El sentenciante recordó que la obligación más importante en el contrato de exhibición de obras de arte es su conservación y custodia, lo cual implica la presunción de culpa en caso de pérdida o deterioro de la cosa y “un estándar de conducta exigible que es superior al establecido en el artículo 2202 del Código Civil”.

El tribunal aclaró que no era relevante que una de las accionadas hubiera contratado a un tercero -el dueño del inmueble donde se guardaban las obras- para cumplir con una parte de sus obligaciones, pues ello debe ser encuadrado como un modo subsidiario de ejecutar el plan prestacional; es decir, que no la libera frente a la acreedora.

“En los contratos de exhibición de obras de arte -atípicos-, la circunstancia de que falte el documento escrito no implica, necesariamente, que el contrato de exhibición no exista sino que cobran relevancia los hechos concomitantes o sobrevivientes al tiempo del alegado convenio, pues aunque ellos, considerados aisladamente, no trasunten el texto de la oferta o de la aceptación, pueden evidenciar la existencia del pacto si versan sobre comportamientos de las partes que sólo guardan coherencia con la asunción recíproca de obligaciones”, añadió.

Paralelamente, precisó que aunque la excepción de falta de legitimación pasiva prosperó respecto de la codemandada, la complejidad de la situación generada por la falta de un documento que instrumentara por escrito el contrato de exhibición, y por los ambiguos términos del de depósito, justificaban apartarse del principio objetivo de la derrota e imponer las costas en el orden causado.

El caso se generó en febrero de 2003, cuando Delia Cancela promovió una demanda interruptiva de prescripción en contra de Mariana Ron y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a fin de ser indemnizada por la pérdida de las obras de arte de su autoría que le imputó a las demandadas, de acuerdo con el relato que aportó al iniciar el pleito.

A mediados del año 2000, el Centro Cultural Parque de España, de la ciudad de Rosario (Santa Fe), y el Centro Cultural Rojas, dependiente de la UBA, organizaron en forma conjunta dos exhibiciones de las obras de Cancela, una en Rosario -que se llevó a cabo exitosamente del 5 de octubre al 5 de noviembre de 2000- y la otra en la ciudad de Buenos Aires, programada para el año siguiente.

Las partes convinieron la entrega y el traslado de los trabajos a Capital Federal, los cuales quedaron bajo la guarda del Centro Cultural Rojas y de Ron, dependiente de esa institución y encargada del proyecto.

El 14 de noviembre de ese año las obras ingresaron al Depósito Norte, de María Terranova, con quien Ron celebró el contrato de depósito pertinente que duraría hasta junio de 2001.

El 13 de enero de ese año ocurrió un incendio en el lugar que destruyó el trabajo de la artista (bocetos, diseños, dibujos y fotografías).

La actora, Delia Cancela, es una artista plástica argentina que goza de un significativo reconocimiento internacional, quien formó parte del Instituto Di Tella en los años 60.

Su producción se centra en el diseño y la creación de obras visuales innovadoras, relacionadas con la moda, con tendencia pop, y abarca un período de más de cuarenta años con exposiciones en Nueva York, París y Londres.

Cancela reclamó con sustento en esos hechos. Consideró que había celebrado un contrato con los exhibidores y enfatizó que, a pesar de ser gratuito, obligaba a éstos a guardar sus obras y a devolverlas al finalizar la última de las muestras convenidas. Denunció el incumplimiento de esa obligación, que hizo extensivo a Ron y a la titular de las instalaciones donde fue depositada la obra, Terranova.

Estimó la indemnización del daño material en 200 mil pesos y la del daño moral en 30 mil pesos.

Contestaron la demanda y opusieron la excepción de falta de legitimación pasiva Ron y Terranova, quien además alegó prescripción y pidió la citación en garantía de su aseguradora (Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA).

El a quo admitió la falta de legitimación pasiva opuesta por Ron y la prescripción planteada por Terranova, y rechazó la demanda promovida contra ambas y contra la aseguradora citada en garantía, con costas en el orden causado.

En tanto, hizo lugar parcialmente al reclamo en contra de la UBA y la condenó a pagar el daño material que determine el perito tasador durante la etapa de ejecución de la sentencia, y el daño moral, que determinó en 30 mil pesos.