Confirman no homologación de un acuerdo laboral por vicios del peritaje oficial

La Sala 11ª de la Cámara del Trabajo confirmó la no homologación un acuerdo de partes, por sospechas de vicios de irregularidad surgidas del peritaje oficial por lo cual había remitido las actuaciones al Comité de Prácticas Médicas, Sanitarias y Bioéticas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Copromesab), a los fines de realizar una auditoría de la profesional médica oficial, quien sostuvo que el actor no tenía incapacidad alguna.

El tribunal integrado por las vocales Eladia Garnero de Fazio y Patricia Ledesma de Fuster indicó que el eje central de la causa era la facultad conferida por la ley al juez de Conciliación para homologar o no dichos acuerdos, conforme la pericia oficial con visos de irregularidad, considerando acertado lo invocado por el a quo, dadas las características del proceso laboral, en el que existen normas son de orden público, ya que emanan del Estado, “ indisponibles para las partes del proceso, en función del órden público laboral ”.

En tal sentido, y frente a las divergencias de ambas partes, se evaluó la labor de la perito, doctora C. M., ya que ella no había determinado incapacidad a la actora, según dictamen incorporado con fecha 3 de julio de 2023, para luego en una ampliación del mismo acompañado con fecha 31 del mismo mes, analizando otro estudio complementario, de fibrolaringoscopia de fecha 12 también del mismo mes, determinó una incapacidad parcial y permanente de 16,65% de la T.O, motivo por el cual se ordenó una nueva pericia oficial.

Así, se valoró que tanto la nueva pericia médica dictaminada por la doctora C. M. e incorporada con fecha 20 de octubre de 2023, así como la auditoría de calidad ampliatoria agregada con fecha 17 de noviembre de 2023, suscripta por los doctores E. S. y F. F., arrojaron como resultado que la actora no presenta incapacidad.

Asimismo, el fallo destacó que, al momento de la celebración del acuerdo, sin intervención personal del a quo, “ el proceso se encuentra en pleno diligenciamiento de la prueba a los fines de dilucidar la verdad real respecto de la presencia o no de incapacidad de la actora y, en su caso, el porcentaje que corresponda, a los fines de reunir todos los elementos probatorios para lograr una sentencia justa, siempre, reiteramos, dentro de las facultades conferidas por la ley, y del Acuerdo Reglamentario N° 1689 Serie A de fecha 25/03/21 Anexo único ‘Protocolo de gestión del procedimiento declarativo abreviado laboral’, apartado 5 titulado ‘Roles del Juez de Conciliación y Trabajo ”.

Etapa

Por lo relacionado, y al estar el proceso en etapa de diligenciamiento de la prueba, aditado a ello las divergencias detectadas, y no habiendo aún sentencia dictada en los presentes obrados, ante un acuerdo celebrado en el marco de supuestas irregularidades, la sala sostuvo que “ no se puede considerar que el a quo no hubiera homologado dicho acuerdo, valiéndose de un adelanto de opinión ”.

Finalmente, los jueces advirtieron que “ tampoco resulta de recibo en consecuencia el pedido de inconstitucionalidad del art. 83 septies de la LPT solicitado en subsidio por el apelante, ya que es norma de orden público, principio que informa, atento las argumentaciones vertidas precedentemente, el proceso laboral ”.

En esa dirección, la Sala citó doctrina del TSJ, en voto dividido, que reza: “ La valoración de las opiniones periciales debe restringirse al control de sus conclusiones desde la óptica de las reglas que gobiernan el pensamiento. Si del dictamen pericial no se desprende acabadamente de qué manera las labores desarrolladas por el actor incidieron en las enfermedades detectadas, es conveniente requerir o acudir a los medios previstos por la ley a fin de aclarar, complementar o decretar un nuevo dictamen, antes que rechazarlo por deficiencias en su motivación, sin acudir a probanza de igual entidad, más aún tratándose de un reclamo por incapacidad donde surge evidente el carácter dirimente de la pericia ”.

Según ese precepto, “ de lo contrario, se violentaría la búsqueda de la verdad real, principio propio del proceso laboral que autoriza a utilizar todos los medios que la ley otorga ” (mayoría de Luis Enrique Rubio y Berta Kaller de Orchansky).

Minoría

En tanto, para la minoría de esa decisión del Alto Cuerpo, a cargo de Hugo Lafranconi: “ El rol interpretativo indelegable corresponde a los tribunales de mérito y no teniendo la pericia carácter vinculante, aquellos deben apreciar en concreto si las conclusiones de los informes establecen adecuadamente la relación lógica de causalidad o concausalidad entre las tareas y las enfermedades diagnosticadas. Así, no se puede obligar a los sentenciantes a una sujeción incondicionada al dictamen de que se trata que convertiría a los técnicos en jueces de la causa”, en autos “Sessa Miguel Angel c/A.PE.SA-Incap. Rec. Directo ”, Sent. N° 53/03.

Por las razones invocadas, en el fallo se resolvió que correspondía desestimar el pedido de inconstitucionalidad del artículo 83, septies, y rechazar la apelación de la parte actora.