ESCUCHARLa resolución de la Cámara de Acusación confirmando la elevación a juicio de la causa en la que se encuentra imputado el fiscal de Instrucción del Distrito 2, Turno 5, Roberto Matheu, por el delito de cohecho y abuso de autoridad, motivaron que ayer éste decidiera solicitar una licencia por enfermedad.
Para justificar su pedido, el mencionado fiscal alegará ante la junta médica que lo evaluará, que la situación procesal que está atravesando le ha generado un daño y un “estrés emocional” que le impiden seguir ejerciendo su función. No obstante, Matheu adelantó a este diario que su intención es la de tomarse una licencia, pero no la de “renunciar”.
Mientras tanto, la causa volverá a manos de juez de Control Nº 8, quien deberá solicitar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales (Jury) su destitución antes de remitir a una cámara del Crimen el expediente para la realización del juicio oral y público en su contra.
Además de Matheu, también se encuentran imputados los abogados penalistas Marcos Juárez y Carlos Morelli. Según figura en la acusación, Matheu habría aceptado del letrado Morelli la promesa de recibir dos mil pesos a cambio de liberar un grupo de clientes suyos, que habían sido aprehendidos en flagrancia y estaban imputados de encubrimiento. Asimismo, se le atribuye al funcionario haber aceptado la promesa de mil pesos por la devolución de efectos secuestrados en una causa penal a su cargo, donde intervenía como defensor el coimputado Juárez.
Fundamentos
En su resolución, los camaristas Carlos Alberto Salazar, Francisco Horacio Gilardoni y Gabriel Pérez Barberá, confirmaron la elevación a juicio tras entender que los elementos reunidos en la investigación son suficientes y alcanzan el grado de probabilidad necesarios para continuar con el proceso.
Por otra parte, y en relación con el planteo de una de las partes respecto de la legalidad de las escuchas telefónicas vertidas en la causa, el camarista Salazar ratificó su validez, a pesar de que éstas estuvieron dirigidas a una persona distinta. En ese sentido, los magistrados retomaron lo oportunamente señalado por el juez de control.
“Sostener la invalidez de las conversaciones mantenidas por Morelli, al considerarlas como una confesión conculcatoria de las garantías constitucionales (en especial, de prohibición de declarar contra sí mismo) constituye un planteo erróneo, pues la citada garantía existe desde el momento en que el imputado es sometido a proceso, y la prohibición no alcanza a las manifestaciones extrajudiciales realizadas por el imputado antes del proceso, como ha ocurrido en el presente caso, en el que ni siquiera había persecución penal al momento de las escuchas, y entonces la conversación de Morelli constituye un mero hecho y no un acto procesal de confesión”.
Cabe recordar que la presente investigación se inicia por una escucha casual de la conversación telefónica mantenida entre el imputado Morelli y una persona de sexo femenino, de donde se desprende que existía la posibilidad de un “arreglo” con el fiscal para liberar a sus clientes que habían sido detenidos en la ciudad de Río Primero por el delito de encubrimiento relacionado a una camioneta. Sobre este último punto, la Cámara de Acusación entendió que con “llamativa ligereza” Matheu resolvió la libertad de los detenidos, escudándose en argumento
