Condenan a un banco que no contrató un seguro de invalidez

Un cliente había obtenido un crédito hipotecario y luego debió jubilarse por discapacidad. El tribunal entendió que la entidad tenía la obligación de tener la mencionada póliza y le impuso daño moral y punitivo

En un caso de invalidez sobreviniente, la Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Salvador de Jujuy condenó a un banco a que cancele un contrato de crédito con hipoteca en primer grado y creación de letra hipotecaria escritural, así como al pago de daños y devolución de sumas abonadas.

La demanda fue iniciada en 2007. El actor adquirió una propiedad con el dinero de un crédito hipotecario extendido por el banco , de un monto total de $59.500. En ese entonces, se desempeñaba en un alto cargo -gerente- de una empresa , lo que le daba solvencia, pero, a causa de una afección coronaria aguda, lo declararon con una incapacidad total , absoluta y permanente de 70%, lo que concluyó en su jubilación por invalidez .

El actor relató que el contrato celebrado incluyó una cláusula que permitía al acreedor contratar en su beneficio un seguro de vida e incapacidad a nombre del deudor, en una aseguradora autorizada para operar en el ramo, por el saldo de la deuda correspondiente al préstamo, y que se convino que las primas las abonaría el mutuario junto con las cuotas de amortización.

El actor le comunicó al banco de su situación: que había sufrido un incidente que lo dejó incapacitado en 70% y que, con ello, obtuvo un retiro transitorio por invalidez, con jubilación otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Por todo ello, le resultaba imposible afrontar las cuotas restante s, por lo que reclamó, entre otras cosas, la nulidad de la cláusula de contratación de seguro, pidió la cancelación de los saldos deudores, así como la repetición de lo pagado en exceso, daño moral y punitivo .

Por su parte el banco, mediante su mandatario, se presentó y planteó que al actor el seguro solamente cubría en caso de fallecimiento, no los casos de eventual incapacidad, y que este último supuesto podía estar cubierto por otro seguro, pero que era optativo para el banco su contratación.

De esta manera, se debatió sobre la obligación del demandado de constituir un contrato de seguro accesorio por invalidez.

Se analizó la cláusula específica del contrato y se verificó que, efectivamente, como alegaba el demandado la contratación, era opcional y no obligatoria .

Sin embargo, por aplicación del artículo 3 de la ley 24240, el tribunal advirtió de que debió tenerse como marco una circular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por ser norma especial, titulada “Protección de los usuarios de servicios financieros”, del 31 de marzo de 2021.

Esta circular establecía la obligación del banco de contratar un seguro sobre el saldo deudor con cobertura de fallecimiento e invalidez total permanente .

Pruebas y peritajes

En cuanto al material probatorio, se acompañó toda la documental que acreditó la contratación, así como el dictamen de comisión médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que concluía que el actor tiene un porcentaje de invalidez de 70%. En otros términos, el peritaje contable acreditó que el banco sólo contrató el seguro de vida y no el de invalidez.

Acerca de lo relativo al daño moral, el tribunal consideró que estaba acreditada su configuración por la actitud indiferente del banco ante los diversos reclamos realizados por el actor , quien en reiteradas oportunidades manifestó la imposibilidad de seguir afrontando el pago de las cuotas pendientes a causa de su estado de salud, cuando la entidad financiera estaba obligada a contratar un seguro que previera dicho escenario.

Por su parte, por daño punitivo se entendió que debía proceder, ya que la sanción punitiva en el Derecho del Consumidor se explica por la función de tutela que la ley 24240 atribuye al Estado , a los efectos de disuadir las empresas proveedoras de incurrir en conductas reiteradas que lesionen los bienes jurídicos protegidos por dicha normativa.

Así las cosas, el tribunal resolvió hacer lugar a la demanda deducida en contra del banco y lo condenó a tener por cancelado el contrato de crédito con hipoteca en primer grado y creación de letra hipotecaria escritural . También le impuso la devolución de las sumas abonadas de febrero a diciembre de 2010 con un interés de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina desde que cada una de ellas fue abonada, hasta la fecha de la sentencia.