ESCUCHARLa Justicia Federal de Córdoba condenó a José Alberto Albín a 5 años y 6 meses de prisión y a su sobrino Rodrigo Albín Martín a 3 años en suspenso, además de una multa de 3 millones de pesos. Fueron acusados de asociación ilícita y encubrimiento agravado por falsificar productos vencidos para venderlos en el mercado agropecuario
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba dictó sentencia en un caso complejo que involucró el robo, adulteración y comercialización de agroquímicos. Con una condena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para José Alberto Albín y 3 años de prisión en suspenso para su sobrino, Rodrigo Albín Martín, ambos fueron considerados coautores de una asociación ilícita. La investigación reveló la existencia de una red destinada a recibir agroquímicos robados, adulterar su contenido, modificar sus fechas de vencimiento y distribuirlos en el mercado agropecuario. La jueza María Noel Costa, quien llevó adelante el proceso en forma unipersonal, además les impuso una multa de 3 millones de pesos.
El entramado de la causa, que también involucraba a Dante Albín (hermano de José y padre de Rodrigo), inició a partir de una serie de robos de agroquímicos en la zona de Bell Ville, Córdoba. Según la acusación presentada por el fiscal Carlos Gonella, Dante Albín administraba un depósito en el que almacenaban los productos robados, los fraccionaban en nuevos envases y les colocaban etiquetas falsificadas con fechas de vencimiento actuales, pese a que ya estaban caducados. Estos agroquímicos, en estado irregular, eran vendidos mediante una red de contactos que incluía personas del sector agropecuario.
José Albín, por su parte, se encargaba de la distribución de los productos adulterados y facilitaba la cobertura policial para evitar controles. Mientras tanto, Rodrigo Albín Martín, contador público y titular de dos empresas de transporte, gestionaba la logística, utilizando las firmas Arreos del Oeste SRL y Zona Austral SAS para movilizar tanto los productos adulterados como los envases hacia y desde el depósito.
Investigación y allanamiento
El 28 de mayo de 2020, la policía allanó el galpón donde operaba la organización. En el lugar se encontraron herbicidas vencidos de varias marcas reconocidas como “Spider”, “Dasen Herbicide”, “Nativo” y “Philagro,” junto con más de 1.300 envases de distintas capacidades, desde 5 a 1.000 litros. También se hallaron equipos para la adulteración, como planchas de etiquetas, una hormigonera con productos granulados, balanzas digitales y selladoras. La falta de registro y control de estas actividades convirtió los productos en residuos peligrosos, con riesgo para la salud y el medio ambiente.
Inicialmente, la causa fue investigada en el fuero provincial debido a los robos, pero en 2021 la justicia local se declaró incompetente al considerar que se trataba de delitos federales por la falsificación de marcas. La causa fue derivada al fuero federal, donde la investigación se concentró en las actividades delictivas rurales en el suroeste de la provincia.
Evidencias y peritajes
La acusación contra los Albín se reforzó con diversas pruebas obtenidas en el marco de la investigación. En 2015, José Albín llevó productos agroquímicos a un taller de serigrafía para que le cambiaran las etiquetas, y durante un allanamiento a su domicilio se secuestraron teléfonos celulares con conversaciones que lo implicaban en la compraventa de productos robados y combustible ilegal. De los análisis telefónicos surgieron mensajes entre los acusados que mencionaban la compra de planchas para falsificar fechas de vencimiento y la instrucción explícita de evitar controles en laboratorios porque los productos estaban “cortados”.
Asimismo, en 2020, tras una denuncia de violencia por parte de su pareja, se peritó el teléfono de Dante Albín. Las conversaciones halladas revelaron negociaciones sobre precios de agroquímicos adulterados y referencias a la actividad ilícita mediante códigos. Quedó demostrado que Dante recibía los productos robados, José los distribuía, y Rodrigo facilitaba la logística a través de sus empresas.
Condena y argumentos del fiscal
Durante su alegato, el fiscal Carlos Gonella detalló el rol de cada miembro de la organización. Resaltó que los acusados obtenían bidones vacíos, los rellenaban, les aplicaban etiquetas falsificadas y los sellaban para simular que eran productos originales. Además, argumentó que la participación de Rodrigo Albín Martín, como contador público, fue clave en la logística de la asociación ilícita, lo que prolongó la actividad delictiva en el tiempo.
El fiscal también señaló que Rodrigo Albín violó la ley 25.246, que impone deberes específicos de prevención de delitos económicos a los contadores públicos. Según Gonella, aunque el acusado alegó desconocer las actividades de su padre y su tío, las escuchas telefónicas y los intercambios de mensajes demostraron que tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los productos. Incluso se reveló un diálogo en el que Albín Martín y su padre discutían sobre el valor de mercado de agroquímicos robados.
“No solo violó la normativa profesional que regula su actividad, sino que contribuyó al desarrollo de una asociación ilícita mediante sus empresas, permitiendo la adulteración y distribución de productos químicos en forma clandestina”, subrayó Gonella.
Sentencia y repercusiones
La jueza María Noel Costa dictó la sentencia considerando a José y Rodrigo Albín coautores de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado, uso indebido de marcas registradas y venta de agroquímicos falsificados, en concurso real. Además de las penas de prisión, ambos deberán pagar una multa de 3 millones de pesos. La sentencia también incluye seis meses de inhabilitación profesional para Rodrigo Albín Martín por su participación como contador en las actividades ilegales.
Cabe destacar que este fallo marca un precedente importante en la aplicación de la justicia federal en casos de falsificación de marcas y delitos económicos vinculados al agro.
