Condenan a Banco Hipotecario como real empleador

La entidad crediticia contrató a una empresa para hacer tareas propias de la entidad financiera, que no encuadraba al trabajador como bancario sino como empleado de comercio

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó una sentencia de cámara y en su reemplazo admitió la sanción por incorrecta registración de un trabajador, quien figuraba como empleado de la empresa Óptima SRL pero en realidad prestaba servicios para el Banco Hipotecario.

Los vocales confirmaron que su registración era una fachada para esconder su verdadera relación laboral, ya que el accionante prestaba labores propias de la entidad financiera, como la promoción de préstamos y tarjetas de créditos.

El Alto Cuerpo admitió la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) al tener en cuenta que quien debió realizar la registración era el empleador, todo conforme al mejor salario que le hubiese correspondido al ex empleado en el convenio colectivo de trabajo (CCT) de los bancarios y no el de empleados de comercio, como estaba registrado.

En el fallo , los vocales Luis Enrique Rubio, Luis Eugenio Angulo y Mercedes Blanc de Arabel precisaron que el juzgador, luego de analizar el contrato que vinculó a las demandadas y la prueba testimonial, evaluó que Óptima SRL ejercía las facultades de dirección y control sin injerencia alguna del Banco Hipotecario. Por tal motivo, descartó el fraude.

Asimismo, consideró que aun cuando la gestión encomendada hiciera a la propia y específica tarea de la entidad bancaria, ello no encuadra en el supuesto de interposición fraudulenta sino en la situación del artículo 30, LCT.

El juzgador consideró que el registro fue correcto y descartó la aplicación del artículo 1, ley N° 25323. A su vez, constató que todos los créditos derivados de la extinción tuvieron oportuna cancelación, que no existieron reclamos por diferencias respecto de ningún rubro de naturaleza laboral y que se entregó la documentación del artículo 80, LCT.

Al resolver, el Alto Cuerpo concluyó que, conforme la plataforma fáctica comprobada, la actora fue contratada por Óptima SRL para desempeñarse exclusivamente a favor del Banco Hipotecario , en funciones atinentes a la actividad financiera: promoción de préstamos personales y tarjetas de crédito.

Sin embargo, observó que la relación fue enmarcada en el CCT de los empleados de comercio , categoría "vendedora B”.

“Tal extremo -soslayado por el Juzgador- deja en evidencia que mediante la intermediación de Óptima SRL se eludió, en fraude a la ley, la aplicación del CCT 18/75 a una trabajadora cuyos servicios beneficiaron única y directamente al banco durante todo el tiempo que duró la relación laboral ( art. 14, LCT)”, subrayaron los vocales.

Para el TSJ, bajo la apariencia de un contrato entre dos empresas para la prestación de un servicio, se encubrió la provisión permanente de la fuerza de trabajo. E n consecuencia, infirió que está fuera de discusión que la SRL no era una empresa de servicios eventuale s y, por lo tanto, se configura el supuesto del artículo 29, LCT, debiendo considerarse que el verdadero empleador fue el banco.

Por las razones dadas, concluyó que la situación de hecho encuadra en este dispositivo específico y no en la norma que contempla la contratación o subcontratación de tareas constitutivas de la actividad normal y específica (art. 30, LCT).

En consecuencia, en el fallo se resolvió hacer lugar a la demanda en contra de Banco Hipotecario SA y Óptima SRL en cuanto pretende la sanción del artículo 1, ley N° 25323 y la indemnización del artículo 80, LCT .

Asimismo, condenó a Banco Hipotecario SA a la entrega de las certificaciones previstas en la norma de que se trata, conforme la realidad constatada en este pronunciamiento, la que deberá cumplirse en el término de 30 días desde que quede firme el presente, bajo apercibimiento de astreintes equivalentes a un día de salario mínimo vital y móvil (SMVM) por cada uno de demora posterior al vencimiento del plazo, en beneficio de la accionante y hasta un máximo de noventa días, tras lo cual serán otorgados por el tribunal interviniente.