Condena de oficio contra el municipio, para evitar daños, no genera honorarios

La decisión señaló que el desenlace del pleito no fue por la acción de los abogados que intervinieron en la causa y solicitaban reajustar la base para regular sus estipendios

Al entender que las tareas a las que se condenó de manera oficiosa a la Municipalidad de Córdoba, haciendo uso el juez de primera instancia de la función preventiva del daño de la justicia no integran el monto de la condena para determinar honorarios, la Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación presentada por los letrados de la parte actora, quienes pretendían el incremento de la base regulatoria de sus estipendios. En la instancia de grado se hizo lugar a la demanda deducida por Maximiliano Román Ribba y se condenó al demanado Palacio 6 de Julio a pagarle al accionante en el término de diez días, la suma de $545.964, en concepto de reparaciones edilicias, con más la suma de $756.338 en concepto de daño moral, más los intereses establecidos hasta la fecha del efectivo pago.

Obras Además, se condenó al municipio a realizar en forma pertinente y satisfactoria las obras determinadas por el perito, consistentes en remover y ejecutar correctamente los cordones de la vereda de la esquina noroeste de la intersección de las calles Edison y Tadeo Dávila, de barrio Yofre Norte y a solucionar el inconveniente que provoca el parche de concreto asfáltico permitiendo que el agua circule correctamente por dicha bocacalle, para que el agua no se acumule en dicho sector noroeste; las que deberán encontrarse concluidas en un plazo de tres meses de quedar firme la presente resolución. En la causa se impusieron las costas a la demandada y se regularon los honorarios de los letrados de la parte actora, Juan Manuel Freytes en $722.560 y a María Florencia Carrizo en $180.640. Los profesionales se agraviaron porque la regulación referida por las tareas de primera instancia, solamente incluyeron en su base el monto de los rubros reparaciones edilicias y daño moral, excluyendo el monto de las tareas de reparación en la vía pública ordenadas a realizar a la Municipalidad de Córdoba.

Artículo Los abogados agregaron que la ley arancelaria establece en su artículo 31 que en la regulación de los honorarios “para el abogado de la parte actora, la base regulatoria será el monto de la sentencia, y el mismo está dado por el monto de condena por el rubro reparaciones edilicias, el monto de condena por el rubro daño moral, y por el monto económico cuyo gasto exige la ejecución de las tareas de reparación en la vía pública”. La Cámara, integrada por los vocales Gabriela Lorena Eslava y Fernando Martín Flores, al analizar la inclusión del monto de las tareas ordenadas como preventivas del daño en la base regulatoria, sostuvo que el agravio no merecía recibo, ya que las tareas de reparación en la vía pública a las que se condena al municipio demandado mediante tutela preventiva del daño, surgen de manera oficiosa por parte del tribunal y no se corresponden con los trabajos realizados por los letrados de la parte actora.

Conclusión De esta forma, el fallo concluyó que la ejecución de lo condenado de manera oficiosa por parte de la a quo, como tutela preventiva del daño, no resulta asimilable a la actividad realizada por los letrados recurrentes, pues si bien el artículo 31 del Código Arancelario establece que para el abogado de la parte actora, la base regulatoria será el monto de la sentencia, ello significa incluir lo efectivamente solicitado por su parte en la demanda, quedando afuera la condenación oficiosa, por no encuadrar con las tareas específicamente prestadas por los letrados. En consecuencia, en la decisión se resolvió que corresponde rechazar el agravio deducido por los letrados de la parte actora por derecho propio.