Condena a la empleadora por maltrato a una trabajadora que causaron dos jerárquicos

La Sala 5ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó una reparación pecuniaria en favor de una trabajadora, al constatar el trato discriminatorio al que fue sometida durante el vínculo laboral y al tener en cuenta que prestó tareas en un contexto dañoso sin recibir la protección que su empleadora debía brindarle.

El tribunal entendió que la patronal pudo haber dispuesto medidas preventivas para erradicar dicho maltrato, no considerando justo y equitativo cuantificar el daño extrapatrimonial en $600.000 con un interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual con más dos por ciento mensual desde el distracto hasta el 31 de diciembre de 2022 y, desde el 1 de enero de 2023, tres por ciento mensual.

La actora denunció que en su lugar de trabajo nunca fue tratada correctamente y que, al volver de licencia por maternidad, todo empeoró, pues su supervisor y su team leader la ignoraban todo el tiempo, no le permitían hablar con nadie, ni siquiera la autorizaban para ir al baño y mucho menos le respetaban la hora de lactancia o jornada laboral.

El juez Julián Daghero indicó que esta situación tiene una vinculación estrecha con lo abordado al analizar el despido, cuando se estableció la legitimidad del despido de la accionante, al entender que se encontraban dadas las circunstancias para considerar que ésta, luego de no comparecer sin justificación al control médico a llevarse a cabo en el Servicio Integral de Atención de Riesgos del Trabajo (Siart), fue emplazada para restituirse a su empleo, a lo que se opuso sin razones valederas, al punto de desconocer que debía concurrir a la junta médica como fue citada.

El magistrado aclaró que no apreciaba una conducta que evidenciara la existencia concreta de actos o actitudes discriminatorios, remarcando que se le respetaron las licencias por enfermedad de la trabajadora, como también la licencia por maternidad, así como que, pese al maltrato al que fue expuesta, no se acreditó que con ello se persiguiera la desvinculación de la accionante mediante su renuncia, sino que se trataba de un patrón de conducta desplegado por ciertos dependientes de la empresa que han sido mencionados por las testigos, quienes llevaban adelante una conducta reprochable y condenable que afectaba en mayor o menor medida a una parte del personal y no sólo a la actora.

Para el tribunal, la empleadora dejó de garantizar condiciones de labor dignas y su obligación legal de seguridad e higiene al no asegurar la indemnidad psicológica ni moral de su dependiente, permitiendo el maltrato.

Premisas

Bajo esas premisas, el juez Daguero consideró que la sumatoria de estos elementos “ develan, más allá del maltrato general, que la actora en el particular sufrió violencia laboral, en contravención a la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, lo que encuentra sustento en pactos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) ”.

De ello el tribunal derivó que, de acuerdo con el marco legal, “ el maltrato psicológico en el lugar de trabajo debe considerarse violencia contra la mujer (art. 6, ley 26.485) y los daños que tal ilicitud produce deben ser reparados plenamente, ya sean patrimoniales extrapatrimoniales, tal como se establece en el art. 35 ib ”.

Así las cosas, el magistrado indicó “ que los hechos corroborados constituyen actos ilícitos de innegable afectación a la dignidad personal de la trabajadora que generan en forma refleja, debido al obrar del personal dependiente de la empresa, su responsabilidad y el deber de reconocer una reparación por el daño moral provocado. Respecto de la determinación cualitativa del padecimiento ocasionado, señaló el vocal que se busca paliar las aflicciones espirituales y la violación a valores como la dignidad y el honor, tanto desde su óptica subjetiva como objetiva ”.

El fallo expuso que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el último párrafo del artículo 1741, al referirse a la indemnización de consecuencias no patrimoniales, dispone que “el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

De lo expuesto, la sala coligió que “ se considera justo y equitativo cuantificar en este caso concreto y al día de la fecha el daño extrapatrimonial sufrido por la accionante en la suma de $600.000, que es una suma cercana a los trece sueldos reclamados en función de las sumas efectivamente percibidas -aproximadamente seis mil pesos-, con un interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual con más dos por ciento mensual desde el distracto hasta el 31 de diciembre de 2022 y desde el 1 de enero de 2023, tres por ciento mensual ”.