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Comisión discute mañana un proyecto para proteger terrenos de incendios intencionales

JUEZ. Enfatizó que para combatir el fuego se usan recursos estatales.
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La comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados abrirá mañana el debate sobre el proyecto que propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.

La iniciativa se iba a discutir el miércoles pasado pero se postergó debido a un problema con los vuelos que tuvo para regresar a la Argentina desde Bolivia el presidente de la comisión Leonardo Grosso, quien había viajado al país vecino como veedor de los comicios presidenciales donde triunfó el candidato del MAS, Luis Arce.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente fue citada para mañana a las 15 para comenzar a discutir esa iniciativa impulsada por el jefe de la bancada del oficialismo, Máximo Kirchner, y que fue respalda por legisladores de los interbloques Federal, Unidad y Equidad Federal.

El proyecto reforma la ley 26.815 del Manejo del Fuego con el objeto de prohibir o realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales,

La iniciativa determina que por el término de 60 años no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, e impone una limitación de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.

En esos plazos «no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.

Tampoco se podrá «hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio», se sostiene en los fundamentos de la iniciativa .

Además, se fija en el proyecto que el plazo de 60 años «se puede extender, sí así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente».

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