ESCUCHAREstá acusado de liderar en Salta una organización, conformada por empleados de su juzgado y abogados, para beneficiar a imputados en causas de narcotráfico
El Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por los jueces Federico Díaz, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla, comenzará a juzgar desde hoy al ex juez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso, quien se encuentra acusado de liderar una organización -conformada por abogados particulares y empleados de su juzgado- que beneficiaba a implicados en causas de narcotráfico a cambio de dinero y/o dádivas. El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales generales Carlos Amad y Francisco Snopek.
Los otros integrantes de la supuesta organización que llegarán a la instancia de debate oral y público son los abogados María Elena Esper, Ramón Valor, Eladio Gaona y René Gómez -sindicados como intermediarios entre los narcos y el juez-; los empleados judiciales Miguel Ángel Saavedra y César Aparicio, y la hermana de éste, Rosalía, quien habría prestado su nombre para receptar una dádiva dirigida a la organización.
La causa
Al finalizar la etapa de instrucción, la Fiscalía Federal N° 2 de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) dieron por acreditado que Reynoso lideró -al menos desde el 19 de marzo de 2010- una organización de carácter estable, “con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la asociación ilícita”, la cual consistía en gestionar y conceder resoluciones judiciales contrarias a derecho, “favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados con conductas de narcocriminalidad”, todo ello a cambio de dádivas y/o dinero.
Tal como lo describieron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio, los nueve hechos imputados tienen como denominador común el siguiente mecanismo: en un principio Reynoso establecía un concurso delictual con una escala penal alta con el objeto de presionar al imputado detenido para que pagara el soborno y, una vez recibido éste, modificaba la calificación legal o dictaba la falta de mérito sobre algunos ilícitos de tal forma de permitir su excarcelación.
