ESCUCHARDará inicio este miércoles. Está acusado de ser el líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza dará comienzo este miércoles al juicio contra el juez Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales. Además, serán juzgadas otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
El tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra. Además, fue nombrada como cuarta magistrada Carolina Prado, jueza federal de Córdoba. El debate ya tiene fijadas audiencias para los próximos días 27 y 28, en turno matutino y vespertino. Está previsto que el juicio tenga tres audiencias semanales cada 15 días.
El caso
Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación llevada a cabo demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”. En ese sentido, en la acusación se indicó que esta asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
Según la acusación, tras la imputación o detención de una persona, la banda ofrecía otorgarle la libertad o morigerar la medida de coerción. A cambio, se les pedía sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles– como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.
Se determinó, además, que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal (una tipificación menos grave), todas medidas adoptadas por el juez Bento en persona o aprovechándose de la buena fe de su subrogante legal. Estas decisiones, a su vez, servían de excusa para aparentar la legalidad de la situación de libertad.
También de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, en algunas oportunidades el arreglo se pactaba de común acuerdo entre el sobornador y los organizadores de la banda o sus miembros; en otros casos, los organizadores y miembros se contactaban con familiares de las personas detenidas para ejercer presión, a fin de obtener el dinero o los bienes inmuebles o muebles que se requerían a cambio de la decisión espuria; la presión también se ejercía directamente sobre el detenido, a quien se colocaba en la situación de decidir entre su permanencia en prisión u obtener la libertad a cambio del soborno. En todos los casos, los organizadores o miembros de la banda dejaban en claro que hablaban en nombre del juez Bento y que la decisión final dependía de su voluntad.
La investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba con su abogado mensajes que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.
