Comienza el debate sobre la ley de acciones colectivas

La iniciativa del gobierno de Mauricio Macri es cuestionada duramente por diferentes organizaciones civiles y especialistas. Consideran que es regresiva

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá esta semana un proyecto de ley sobre acciones colectivas. La iniciativa ya recibió críticas de especialistas y organizaciones no gubernamentales, quienes reclamaron la modificación de aspectos importantes por considerarlo “regresivo”.
“El proyecto no sólo no resuelve ni reduce los graves problemas en el acceso a la justicia que afectan a las personas, y en particular a los grupos más desfavorecidos, sino que además los profundiza, en tanto limita seriamente el uso de las acciones colectivas y afecta su operatividad”, expresaron organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Consumidores Libres.
En una nota enviada a los legisladores, las entidades celebraron que el Congreso discuta una regulación de las acciones colectivas, pero alertaron sobre “graves retrocesos” en relación con la situación actual y que” vulneran” las pautas que al respecto prevé la Constitución Nacional.

Puntualmente, señalaron que el proyecto establece limitaciones para que las personas afectadas y otros legitimados por la norma constitucional puedan presentarse en defensa de derechos colectivos, como así también consideraron que “limita la labor de abogados que defienden estos derechos”.
También advirtieron que la propuesta “alarga los plazos” de los procesos colectivos, dilatando “seriamente” el trámite de acciones judiciales que actualmente tramitan por procesos más abreviados.
“El proyecto es un claro retroceso ya que establece que si la sentencia es desfavorable, los/as integrantes del grupo no pueden volver a presentar una acción judicial. La ley de defensa del consumidor establece, por el contrario, que la sentencia sólo hace cosa juzgada si es favorable al colectivo (…)”, afirmó representantes de las organizaciones.
Entre los principales argumentos, afirmaron que existen riesgos de obstaculización para la defensa de derechos colectivos al permitir que los grupos afectados y la sociedad civil puedan ser demandadas por su labor en la defensa de estos derechos.

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