ESCUCHAREl Gobierno formalizó el viernes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales darán inicio al debate.
En una sesión extraordinaria, cabe la posibilidad de que el Congreso de la Nación empiece a tratar mañana la reforma del sistema de inteligencia del Estado impulsada por la presidenta Cristina Fernández. El debate arrancaría a las 11 en un plenario de comisiones del Senado, según confirmaron fuentes parlamentarias.
El Poder Ejecutivo Nacional publicó el viernes en el Boletín Oficial la convocatoria a tratar durante febrero, entre otros temas, la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El temario de la convocatoria del Gobierno abarcó la consideración de “acuerdos para designaciones y promociones” así como de “tratados, convenios y acuerdos Internacionales”, y la creación de la AFI, luego de la disolución de la ex SIDE.
Según lo adelantado el lunes pasado por la Presidenta en su mensaje en cadena nacional, la AFI tendrá un director y un subdirector que, si bien serán designados por el Ejecutivo, deberán pasar por la aprobación del Senado. Otro punto saliente del proyecto es la transferencia del sistema de “escuchas” telefónicas a la órbita de la Procuración General de la Nación. Una vez creada por el Parlamento, la AFI trabajará en un ámbito concreto de defensa frente a ataques externos o frente a delitos complejos por su globalización, como la trata de personas, el narcotráfico, el ciberdelito o los delitos económicos.
Las actividades de inteligencia interna quedarán limitadas sólo a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional.
Tres meses
En la iniciativa se establece un plazo no prorrogable, que no podrá ser mayor de 90 días, para que la norma entre en vigencia. Las encargadas de dar inicio a la discusión serían las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo de Marcelo Fuentes, y de Justicia y Asuntos Penales, que dirige Pedro Guastavino para luego la iniciativa ser girada también a la Comisión de Presupuesto.
El oficialismo busca aprobar la ley a fines de febrero, antes del inicio del período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo.
La iniciativa disuelve la Secretaría de Inteligencia (SI) y crea en su reemplazo la AFI, a cargo de un director general y un subdirector designados por el Poder Ejecutivo, quienes requerirán el acuerdo de la mayoría simple del Senado y cuyos mandatos durarán cuatro años.
El proyecto también clasifica la información según sea confidencial, secreta, reservada o pública; y se crean bancos de protección de datos y archivos de inteligencia.
Cuando anunció la iniciativa, la Presidenta enfatizó que de sancionarse la ley “ningún funcionario va a poder contactarse con tal agente o tal persona: la única vía que tendrán los funcionarios para conectarse con la Agencia va a ser la institucional, en la persona de su director y subdirector”. Por eso, serán penalizados “todos los empleados o fucionarios que tomen contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales”.
“Ésta es una deuda de la democracia. Tal vez me toca a mí hacer la reforma. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces, medios de comunicación, que evidentemente ha quedado a descubierto y que hay que cortar de cuajo”, dijo Cristina al anunciar el cese de la SI y el envío del proyecto de nueva AFI.
Algunos aspectos centrales para entender el proyecto de ley
Creación de la Agencia Federal de Inteligencia. El nuevo organismo, que seguirá dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, tendrá un director y un subdirector designados por el Poder Ejecutivo, quienes deberán ser aprobados por el Congreso.
Funciones. Se establece que el trabajo de inteligencia consiste en la obtención, reunión, sistematización de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación (amenazas internacionales provenientes de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, cyberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, etcétera).
Observaciones judiciales. Se transfiere a la Procuración del Ministerio Fiscal el Sistema de Observaciones Judiciales (OJ), que hasta ahora está en el ámbito del Poder Ejecutivo.
La AFI y los poderes públicos. La única vía que tendrán los funcionarios para conectarse con la AFI va a ser la institucional, en la persona de su director general y su subdirector.
Protección de datos. Se crean los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia, que tendrán como objetivos controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia.
Penas. Se establecen penas de 3 a 10 años a toda persona que interceptare, captare o desviare ilegalmente comunicaciones telefónicas, postales, etcétera. También serán reprimidos todos los funcionarios que tomen contacto con los servicios de inteligencia por fuera de los canales institucionales.
