ESCUCHARCon el respaldo del gobierno del presidente Iván Duque, el Poder Legislativo de Colombia aprobó una reforma constitucional que permite que los jueces condenen a prisión perpetua a asesinos y violadores de niños.
Pese a los reparos de expertos y académicos, el proyecto se impuso en el Senado -que todavía sesiona de manera virtual por la pandemia- con 77 votos a favor y cero en contra.
Duque, quien viene reclamando que se legisle la imprescriptibilidad de los delitos en contra de menores de edad, celebró la sanción de la norma, al considerar que es ejemplificadora y que envía un mensaje claro, a saber: que los derechos de los niños están por encima de los demás.
Ahora, la administración que comanda tiene un año para presentar un proyecto que reglamente la cadena perpetua en el ordenamiento penal colombiano.
El artículo 34 de la Carta Magna prohibía expresamente las penas de destierro, cadena perpetua y confiscación. Merced al cambio normativo, pasará a decir que, de manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente “sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa” o de “acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir”, los magistrados podrán imponer como sanción la cadena perpetua.
Mientras los defensores de la medida invocan la voluntad popular, sus detractores la enmarcan en el llamado “populismo punitivo”.
La polémica por la sanción, que lleva más de una década, signó los debates legislativos y no impidió la aprobación de la reforma.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, defendió el paso que dio el Congreso argumentando que los casos podrán ser valorados por los jueces y que los condenados tendrán la posibilidad de tener una revisión de sentencia a los 25 años de privación efectiva de la libertad.
Por su parte, el jurista Rodrigo Uprimny, investigador de justicia y profesor universitario, alegó que la cadena perpetua “implica una profunda alteración del principio de la posibilidad de resocialización de toda persona, que es un pilar de la Constitución colombiana”.
Varios expertos en política criminal se pronunciaron en sentido similar y señalaron que aumentar penas que ya son altas no previene los crímenes ni combate la impunidad.
