Clases presenciales en la CABA: Padres Organizados se presentó como amicus curiae ante la Corte Suprema

Esa agrupación sostiene que no hay evidencia que permita afirmar que jardines y escuelas primarias incrementen significativamente los contagios o la circulación comunitaria de coronavirus. También alega que es un error considerar que el AMBA es una unidad geográfica

La agrupación Padres Organizados se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como amicus curiae. [privado]

Lo hizo en el marco de la demanda que promovió el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en contra del Estado nacional, para reclamar que se declare la inconstitucionalidad del DNU que dispuso el cierre de escuelas, cuya vigencia termina el viernes.

El grupo sostiene que no hay suficiente evidencia como para afirmar que los jardines y las escuelas primarias incrementen significativamente los contagios o la circulación comunitaria del coronavirus

También alega que considerar el AMBA una unidad geográfica para la toma de decisiones educativas es un error, ya que no refleja el movimiento que genera la actividad escolar en términos estadísticos.

Con el patrocinio letrado de Alberto Garay, Padres Organizados argumentó que las escuelas son uno de los pocos ámbitos de actividad presencial que está sujeto a protocolos estrictos y planteó que, además, “funcionan como un eficaz dispositivo de detección temprana” de casos de covid, con su consecuente impacto en la transmisión del virus.

“Caso sospechoso”

La organización detalló las pautas que se aplican, como el uso de barbijo, la ventilación de las aulas y la higiene frecuente, y enfatizó que el criterio de “caso sospechoso” para solicitar testeos permite evitar contagios dentro del ámbito escolar.

Expresó asimismo que las restricciones al derecho a la educación son “lisa y llanamente supresiones en los casos de los sectores sociales más vulnerables” y cuestionó que las adopte “una sola persona”.

“Se ha naturalizado que el Presidente de la Nación puede legislar discrecionalmente, en franca violación de lo que dispone el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional”, subrayó.

El pasado día 19, la Corte Suprema aceptó su competencia originaria para resolver la acción declarativa de certeza presentada por el Gobierno porteño en el marco del conflicto por las clases presenciales y le corrió traslado a la Administración nacional para que contestara y aportara pruebas. La decisión la suscribieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. En disidencia, Elena Highton de Nolasco consideró que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal.

Paralelamente, arguyó que “sin escuelas abiertas no habrá ciudadanos, es decir, personas autónomas que labren su propio destino. No hay nada más opuesto a la Constitución Nacional, que fue sancionada para asegurar los beneficios de la libertad”.

Procuración

Cabe recordar que ayer, luego de la reunión de cada martes (ahora, por medios virtuales), los ministros de la Corte le giraron las actuaciones a la Procuración General de la Nación (PGN), para que dictamine sobre la demanda que presentó el Gobierno porteño, que

valora que la suspensión de las clases presenciales no está justificada por datos empíricos y que es arbitraria “porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional”.

Padres Organizados expresó que las restricciones a la presencialidad son “lisa y llanamente supresiones en los casos de los sectores sociales más vulnerables” y cuestionó que las adopte “una sola persona”.

En tanto, estima que la media viola el principio de igualdad, al discriminar la ciudad de Buenos Aires con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021.

Bajo esas premisas, señaló que el DNU presidencial “viola la autonomía” de la CABA e implica “una virtual intervención federal”, al arrogarse potestades sobre competencias locales.

“Está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”, aseveró.

El lunes por la noche, sobre el vencimiento del plazo, el Gobierno nacional respondió a la demanda.

En 113 carillas, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, defendió la razonabilidad de la decisión de suspender la presencialidad en el AMBA, según adujo, a fin de evitar un aumento de casos que lleve a “un colapso sanitario y consecuente aumento de la morbilidad”.

Al poner en duda los argumentos de la CABA y acusar a su gobierno de “negacionismo” de la pandemia, manifestó que “el fundamento principal” es evitar la movilidad de personas en el AMBA.

Por eso, le solicitó a la Corte Suprema que convoque al gobierno bonaerense, a cargo de Axel Kicillof, para dar su versión de los hechos, el opinar que sería el principal afectado si se permiten las clases presenciales en la CABA .

El área a cargo de Zaninni afirmó que con el DNU no se lesionaron derechos. También desmintió que se afecte la autonomía porteña o se violenten las previsiones de la Carta Magna.

Ahora, la agente Laura Monti, responsable del área de Derecho Público no Penal de la PGN, deberá analizar el caso y dar su opinión, que no es vinculante para la Máxima Instancia. La funcionaria no tiene un plazo para expedirse, aunque se especula que se pronunciará en las próximas horas. [/privado]