ESCUCHARCinco ex represores imputados por delitos de “lesa humanidad” cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) se negaron ayer a contestar preguntas durante la indagatoria a que fueron sometidos por el juez federal Sergio Torres.
Se trata de Jorge “el Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velazco, Alberto González y Jorge Carlos Radice quienes, a los efectos de cumplir con esa diligencia, fueron trasladados a los tribunales de Comodoro Py de Capital Federal desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz donde cumplen prisión preventiva.
El magistrado, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, quería interrogar a los cinco ex jefes navales por las “las privaciones ilegales de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas de vida y posterior desaparición” de Omar Masera Pincolini, Victorio Cerutti y Horacio Palma, quienes fueron secuestrados por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.
En este legajo -un desprendimiento de la “megacausa ESMA” reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final- se investigan los hechos vinculados con aquellos que perjudicaron a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977.
De acuerdo con constancias del expediente, uno de los objetivos del “grupo de tareas” de la ESMA que participó del secuestro era “apoderarse de los bienes de la Sociedad Cerro Largo” que integraban las víctimas, quienes fueron obligadas a firmar “documentación espuria” para desapoderarlos de esos bienes. Los bienes pasaron así a manos de “oficiales de la ESMA” que actuaban con nombres supuestos.
Confirman procesamientos
Mientras tanto, ayer la Cámara en lo Criminal Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva del represor Ricardo Miguel Cavallo por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada .
La Sala II del tribunal ratificó también los multimillonarios embargos sobre los bienes del ex oficial de la Armada acusado por las desapariciones de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie Duquet y el periodista Rodolfo Walsh, entre otras.
