ESCUCHAR“Quien crea para los demás un riesgo generando para sí una fuente de riqueza, debe afrontar la reparación de los daños”. Bajo esa premisa, la Sala M de la Cámara Civil condenó a un taxista y a la empresa para la que trabaja a indemnizar con 36.000 pesos a una pasajera por las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.
La alzada evaluó que si bien entre la firma de explotación del servicio y los choferes se generaba una relación de dependencia funcional, ello no significaba necesariamente que la dependencia fuera también laboral.
A su turno, la compañía codemandada alegó que, siendo una empresa que presta el servicio de radiotaxi, ninguna responsabilidad le cabía por el hecho, ya que no era propietaria de móvil alguno ni empleadora del demandado. En esa línea, explicó que se limitaba a la entrega e instalación de un equipo de radio y a la recepción de llamados telefónicos.
Sobre ese aspecto, los camaristas lisa Díaz de Vivar, Mabel de los Santos y Fernando Posse Saguier explicaron que el requirente es la persona que se comunica a la estación central a efectos de obtener una prestación y que, por ello, se trata de un contrato de servicio en el que el prestador intermedia en el transporte del usuario, con un abonado registrado.
“El contrato de transporte tendrá vigencia, cuando fuera solicitado telefónicamente, durante el período que dure el viaje, desde el momento en que asciende el pasajero y hasta el descenso del mismo”, apuntaron los magistrados, ratificando la decisión del juez de primera instancia Camilo Almeida Pons, quien le atribuyó las responsabilidades por los daños y perjuicios que sufrió la damnificada a ambos accionados.
