ESCUCHARSegún la gravedad de los hechos, se formularon informes a jueces, defensores y fiscales. Se presentaron hábeas corpus y denuncias penales e incluso se promovió la clausura de pabellones.
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), por medio de su Área de Encierro, relevó los padecimientos de las personas privadas de su libertad en establecimientos carcelarios federales en las cincuenta inspecciones realizadas entre abril de 2013 y agosto de este año.
Según el informe del organismo dirigido por el fiscal Abel Córdoba, en las inspecciones realizadas se verificó una multiplicidad de situaciones que configuran graves violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que importan acumulación de padecimientos de distinta índole tanto para sí como para quienes integran sus vínculos cercanos; al mismo tiempo que se vivenciaron experiencias de desamparo e incluso riesgo inminente para la vida de personas detenidas.
De las 412 intervenciones que fueron consecuencia de violaciones de derechos de los detenidos, la mitad se originó en las inspecciones, en las irregularidades que pudieron constatar los propios inspectores, mientras que el resto fue a partir de denuncias presenciales y telefónicas, y también por correo electrónico.
Tras las inspecciones se formularon informes a los jueces, defensores y fiscales a cuya disposición se encuentran las personas detenidas y entrevistadas; se presentaron hábeas corpus individuales y colectivos; se formularon denuncias penales ante la comisión de delitos constatados y se interpusieron acciones de amparo por la obstrucción de acceso a un centro de detención.
La Procuvin también promovió la clausura de pabellones durante inspecciones realizadas conjuntamente con funcionarios judiciales; supervisó el cumplimiento de medidas judiciales relativas al cupo de cada establecimiento, como la prohibición de ingreso de detenidos que residan a más de 500 kilómetros de distancia del penal de Resistencia (Chaco). Además, equipos de profesionales realizaron informes interdisciplinarios de salud mental que bregaron por la relocalización inmediata de detenidos en dependencias acordes con los estándares de derechos humanos.
Seis de cada diez inspecciones se realizaron en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Los servicios penitenciarios provinciales inspeccionados fueron los de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, San Juan y Chaco. En tanto, 66% de las inspecciones realizadas por Procuvin monitoreó establecimientos que alojan población masculina. En total participaron de estas inspecciones 20 funcionarios y funcionarias de la Procuvin, que totalizaron 151 participaciones. En 41 de esas inspecciones, estuvieron 119 asistentes de otras instituciones, la mayoría integrantes del Ministerio Público, y en gran parte de los casos se trató de agentes que ingresaban por primera vez a un establecimiento de encierro.
Todas las inspecciones estuvieron signadas por el factor sorpresa, ya que “en ningún caso se anticipó a la institución a controlar sobre la inspección a desarrollarse”, y todas las entrevistas fueron “confidenciales”.
Los funcionarios ingresaron a los pabellones y celdas donde los detenidos están alojados, pero también accedieron a los espacios comunes, como las áreas de sanidad, la cocina, sectores educativos y laborales, las salas de efectos, los patios y las áreas de permanencia de requisa. Todas las inspecciones se registraron en video para “documentar las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas”.
Por otra parte, se informó que “en cada inspección en la que se detectan violaciones a los derechos humanos, se instó a la cesación”, y se promovió “el desbloqueo al acceso de derechos esenciales”.
En el marco de las irregularidades detectadas, se realizará un monitoreo periódico “a fin de realizar un seguimiento de lo relevado en cada inspección o los aspectos nuevos que surjan de las mismas”
El caso cordobés
En el informe se detalla el episodio ocurrido durante la inspección de la cárcel de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba: “Se retiraron elementos de tortura hallados durante la inspección” y en general “se requirió la cesación inmediata de situaciones inhumanas y degradantes que derivaban de la falta de provisión de agua y alimentos, atención médica, vestimenta y acceso a la justicia”, advierte el informe.
