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Los partidos deben presentar a la justicia nacional, junto con la información de su actividad en el orden federal, rendiciones de cuentas locales y su documentación respaldatoria
El Máximo Tribunal electoral estableció una pauta de trascendencia en materia de fiscalización de los recursos que los partidos políticos invierten en sus campañas, con el objetivo de evitar que, cuando las elecciones nacionales sean simultáneas con las provinciales, las agrupaciones encuentren vías para evadir restricciones y controles legales.
El mecanismo al que suelen recurrir algunos partidos -y sobre el cual se pronunció la Cámara- consiste en utilizar fondos para la campaña nacional y omitir su declaración a la justicia, bajo pretexto de haberlos invertido en la campaña local.
Tal maniobra es posible porque existen diferentes autoridades electorales en el orden federal y provincial y, además, porque, en muchos casos, las leyes locales no regulan el control del financiamiento partidario.
La sentencia -firamada por los jueces Alberto Dalla Via, Rodolfo Munné y Santiago Corcuera- advierte que la doble personalidad jurídica de los partidos, que actúan simultáneamente en elecciones nacionales y provinciales, “no puede utilizarse en contra de los intereses superiores de la sociedad ni de los derechos de terceros”.
Así, la Cámara Electoral dejó establecido que las agrupaciones deben presentar a la justicia nacional, junto con la información de su actividad en el orden federal, “las rendiciones de cuentas locales -o su sucedáneo- y la totalidad de la documentación respaldatoria”.
El tribunal destacó que la exigencia es un “elemento imprescindible para realizar el examen de los estados contables e informes de campaña sometidos a control”.
