ESCUCHARLuego de varios casos resonantes -entre ellos, el del chaqueño César Sena, imputado por el crimen de Cecilia Strzyzowski- la oposición impulsa una reforma de la Ley 26.743, para que la rectificación registral de sexo no tenga efectos jurídicos y no influya en la calificación de los delitos ni en el lugar de alojamiento
En mayo pasado, Jonathan Luna, condenado a prisión perpetua en 2017 por el crimen de Micaela Ortega, la nena de 12 años que, en 2016, se convirtió en la primera víctima de grooming seguido de muerte en Argentina, declaró ante la Justicia que cambió de género y pidió ir a una cárcel de mujeres.
El Comité Contra la Tortura bonaerense presentó un habeas corpus por el caso, que fue sostenido por la defensa de Luna.
Desde agosto de 2022, Luna figura en la causa como “Yoana” . El expediente se recaratuló a partir de una resolución del Tribunal de Casación por la Ley de Identidad de Género y fue trasladado a un pabellón transgénero.
Antes, en abril, el brasileño Fernando Alves Ferreira, imputado por el femicidio de Eduarda Santos de Almeida, en Bariloche, también dijo que se autopercibe mujer.
El abogado del encausado dijo que ya no es Fernando, sino “Amanda”, y solicitó el cambio de carátula de las actuaciones arguyendo que un femicidio solo puede ser cometido por un hombre.
La Fiscalía se opuso al planteo y enfatizó que al momento de cometer el crimen, en 2022, Santos de Almeida se consideraba a sí mismo varón.
El juez no hizo lugar al pedido de la defensa y ratificó los agravantes.
Recientemente, trascendió la noticia que el chaqueño César Sena, imputado por el crimen de Cecilia Strzyzowski, habría declarado autopercibirse mujer para ser trasladado a un penal de mujeres.
Ante ese panorama, diputados de la oposición presentaron un proyecto para modificar el artículo 7 de la Ley 26.763 (de Identidad de Género), a fin de que quien cometa un delito no pueda cambiar su género y, así, evitar manipulaciones que buscan mejoras en las situaciones procesales o de detención.
El texto que redactó Marcela Campagnoli plantea que aquella norma establezca que “la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni surtirá efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción”.
Advierte que la normativa vigente nada señala sobre los supuestos en los cuales quien comete un delito para cuya tipificación resulta condición necesaria el género del autor, con posterioridad decide modificarlo.
Derecho
“El derecho a modificar el género debe efectuarse una salvedad a fin de asegurar que tal cambio no pueda favorecer a quien haya cometido un delito”, postula la propuesta.
“Un posterior cambio de género no puede, de modo alguno, tener un efecto retroactivo al momento en el cual el hecho ocurrió, aún cuando en el momento en el cual se celebre el juicio la persona haya modificado su género”, resalta.
En esa línea, indica que el género de quien comete un hecho de violencia contra las mujeres resulta constitutivo del ilícito, de modo tal que no es posible argumentar luego que, en razón de haber cambiado de género o percibirse de un género diferente al cual se tenía al momento de llevar adelante la acción violenta contra una mujer, ello resulta ser un eximente y/o atenuante de una responsabilidad que “en modo alguno desaparece” por la modificación posterior de “condiciones subjetivas vinculadas con la percepción” del delincuente.
Coherencia
“El plexo normativo debe tener coherencia, de modo tal que nunca la protección de ciertos derechos resulte ser vejatoria de otros”, reza también la iniciativa.
La propuesta elaborada por Campagnoli -acompañada por Alejandro Finocchiaro, María Luján Rey y Soher El Sukaria, entre otros- subraya que una visión consecuente y completa del ordenamiento jurídico “interpela a modificar la Ley de Identidad de género”, para dejar a salvo la responsabilidad de quien mató o violentó a una mujer y luego rectifica su género.
“Nunca esa modificación puede eximir de una responsabilidad que es, a todas luces, preexistente”, subraya.
Escocia
A comienzos de este año, Isla Bryson, una trans escocesa que violó a dos mujeres antes de cambiar de género, fue trasladada a una prisión de hombres.
En caso de Bryson abrió un intenso debate en el país, a tal punto que la encargada de confirmar que la condenada no seguiría alojada en un centro penitenciario femenino fue la primera ministra Nicola Sturgeon.
“No sería apropiado dar detalles de dónde está encarcelado ninguno de los presos, pero dada la comprensible preocupación pública y parlamentaria de este caso, puedo confirmar que no será encarcelada en la prisión de mujeres de Cornton Vale”, declaró Sturgeon durante una sesión parlamentaria, en enero.
Bryson estuvo en aquel penal desde que fue acusada de violación y allí esperó el juicio.
Fue responsabilizada por dos abusos sexuales con acceso carnal cuando era un hombre llamado Adam Graham, en 2016 y en 2019.
Mientras esperaba el debate por los hechos decidió cambiar de género. Afirmó que sabía que era transgénero desde los cuatro años y empezó a tomar hormonas y a tramitar una cirugía para completar su transición.
Mientras varios referentes de opinión, medios y buena parte de la ciudadanía exponían su lógica preocupación por la seguridad de otras mujeres privadas de su libertad, la ex esposa de de Bryson, Shonna Graham, de 31 años, dijo que la transición era una “farsa para llamar la atención” y para “engañar a las autoridades”. Sostuvo que nunca le dijo que se sentía en el cuerpo equivocado ni nada parecido y la acusó por vinolencia doméstica.
A fines de 2022, el gobierno escocés aprobó una norma que permite solicitar un certificado de reconocimiento de género solo tres meses después del inicio de la transformación física y sin necesidad de evidencia médica.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, bloqueó las reformas de Sturgeon después de que los legisladores advirtieran que la reforma podría permitir que individuos que son biológicamente hombres accedieran a espacios públicos destinados solo a mujeres, algo que colisiona con las actuales mandas de igualdad de Reino Unido.
