En Bolivia se promulgó una ley que reforma el Código Penal, endurece las penas para reincidentes y narcos y establece el resarcimiento de daños para las víctimas de delitos. Los litigantes se han quejado ya de la lentitud de la Justicia y hay consenso en cuanto a que las penas leves generan mayor inseguridad.
La nueva normativa posibilita el proceso inmediato para delitos cometidos en flagrancia y endurece el castigo para jueces, fiscales, abogados e investigadores que sean sorprendidos en actos de corrupción.
“Se acabó el jolgorio judicial”, enfatizó el vicepresidente Álvaro García Linera, precisando que los narcotraficantes perderán sus bienes e inmuebles porque éstos pasarán al uso del Estado.
Además, estimó que las nuevas normas apuntan a proteger al ciudadano, precautelando sus garantías constitucionales, aunque aclaró que “se establecerán sanciones rápidas y contundentes a las personas que han cometido delitos”.