El juicio oral y público contra los tres empleados del Sanatorio Aconcagua que no le brindaron atención al adolescente Valentino Blas Correas cuando fue acribillado por la Policía de Córdoba, se tramitará en la Cámara 8° del Crimen.
Es decir serán juzgados en el mismo lugar donde se condenaron a los efectivos responsables del “gatillo fácil”, ocurrido en plena pandemia, y que concluyó el 31 de mayo.
Los imputados son Fernando Casalino acusado por el delito de abandono de persona y Guadalupe Moya y Paola Mesa Campo, quienes deberán responder por omisión de auxilio.
Los trabajadores del nosocomio de Nueva Córdoba habrían cometido los delitos en los primeros minutos del 6 de agosto del 2020, cuando los amigos de Blas lo llevaron casi agonizando hasta ese lugar para que lo auxilien.
Al arribar al lugar, los acusados no le ofrecieron atención médica y, por el contrario, les dijeron que debían tenían ir al Hospital de Urgencias.
Una vez que salieron del Sanatorio Aconcagua, los amigos de Blas fueron interceptados por móviles policiales y no pudieron llegar a destino.
Respecto al proceso, en esta oportunidad no habrá jurados populares. El debate podría ocurrir en el segundo semestre de este año.
