ESCUCHARLa Sala II de la Cámara Federal confirmó la medida dictada por el juez Martínez de Giorgi, quien le enrostró al representante del Ministerio Público y a su colaborador, Omar Orsi, la presunta comisión del delito de prevaricato.
La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del fiscal antilavado Carlos Gonella y de su colaborador, Omar Orsi, por el delito de prevaricaro, por sus actuaciones en la investigación contra el empresario Lázaro Báez, en la causa por supuesto lavado de activos.
Así, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah respaldaron el fallo dictado en diciembre de 2014 por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien dictó la medida y embargó los bienes del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por la suma de 75.000 pesos.
La causa contra Gonella se originó en 2013, cuando el financista Federico Elaskar y Leonardo Fariña dijeron en un programa televisivo que “blanquearon” y sacaron del país unos 55 millones de euros del titular de Austral Construcciones, detallando que la maniobra se habría realizado mediante la constitución de 50 sociedades off shore, radicadas en Belice y Panamá.
La denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Casanello. El fiscal competente, Guillermo Marijuan, estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro Gonzáles.
Gonella y Orsi intervinieron en el expediente con un escrito en el cual omitieron nombrar a Báez y analizar el entramado delictivo que describieron tanto la audición televisiva como las denuncias posteriores. Cuando Marijuan regresó de sus vacaciones, amplió el requerimiento de instrucción e incluyó al empresario cercano al Gobierno nacional. En ese escrito, el fiscal expresó su sorpresa por las medidas que tomaron sus colegas.
“No logro comprender esta particular visión de una causa penal, donde se tienen a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación y cámaras ocultas e igualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas –ROS– que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad”, enfatizó el representante del Ministerio Público en aquella oportunidad.
Además, opinó que las reuniones y cursos en el exterior de los funcionarios, supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no fueron suficientes para ilustrarlos sobre lo que era una pesquisa como la llevada a su conocimiento.
En tanto, Martínez de Giorgi entendió que el requerimiento redactado por Gonzáles, basado en el dictamen de Gonella y Orsi, “recortó” los hechos e implicó una “mirada sesgada de la investigación”, perjudicándola.
Según el a quo, con su intervención, Gonella y Orsi lograron que Báez no sólo no fuera imputado sino que ni siquiera fuera nombrado en la carátula del caso.
Alzada
Ayer la alzada avaló la postura del inferiror y sostuvo que, a pesar de que la Procelac ya había comenzado una investigación sobre Báez, Elaskar, Fariña, Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi y firmas presuntamente involucradas en lavado de dinero, los procesados omitieron incluir a la persona sindicada como “líder” de las supuestas maniobras ilícitas en el dictamen que presentaron en el caso y no propusieron ni una sola prueba dirigida en esa dirección.
“Cuanto menos, resulta llamativo que no hayan siquiera urgido las respuestas de las medidas pendientes”, sostuvo el tribunal.
Paralelamente, señaló: “Llama la atención que pese a tratarse de un proceso en el que se investiga el delito de lavado de divisas y más allá de esa interrupción, la Procuraduría especializada en la materia no haya vuelto a efectuar en esa causa otra presentación relevante en las cuestiones técnicas que hacen a su materia de actuación”.
