Autorizaron descarte de embriones citando la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo

La cámara razonó que si se niega la destrucción y sus titulares no quieren darlos en adopción ni que se utilicen para fines científicos, se podría presentar el absurdo de que la mujer solicite la implantación del embrión para luego requerir un aborto

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul (provincia de Buenos Aires) ratificó un fallo de primera instancia que autorizó la destrucción y descarte de los tres embriones criopreservados que una pareja divorciada, que ya tuvo dos hijos, posee en la clínica de salud reproductiva Procrearte , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La alzada argumentó que el Congreso Nacional votó una ley que admite la interrupción del embarazo sin distinguir si se trata de uno natural o por técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) y que, en en definitiva, ello implica “la destrucción de un embrión ya implantado en el seno materno y hasta con 14 semanas de gestación (feto)”.

Recordó que, entre otros fundamentos, el Legislativo proclamó que se protegía la libertad de elegir y planteó que no hay diferencia entre respetar la autonomía de la voluntad de quien no quiere ser madre encontrándose embarazada y la de la mujer que no está gestando los embriones que produjo.

En esa línea, expuso que si se negare la destrucción de los embriones y sus titulares no quisieren darlos en adopción ni que se utilicen para fines científicos, se podría presentar el absurdo de que la mujer solicite la implantación del embrión para luego requerir un aborto.

Discriminación

“Podría resultar discriminatorio que a quien es gestante en forma natural se le conceda la posibilidad de decidir respecto de su planificación familiar y de procreación y a quien necesita de una TRHA se le niegue tal derecho sólo porque los métodos utilizados por la ciencia médica generan más embriones de los que resultan de una fecundación natural”, añadió el tribunal.

El descarte de embriones no implantados genera fallos contradictorios en el país. Por el vacío legal en la materia, la Justicia no termina de fijar un criterio.

En noviembre del año pasado, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil autorizó a un matrimonio que se separó a desechar sus embriones y advirtió de que no es necesaria venia judicial alguna para que el procedimiento se lleve adelante si hay acuerdo entre las partes.

El tribunal consideró innecesario un trámite judicial y revocó la sentencia del a quo, que negó el pedido de la ex pareja para poner fin al vínculo contractual que la unía con la clínica de fertilidad.

“Podría resultar discriminatorio que a quien es gestante en forma natural se le conceda la posibilidad de decidir respecto de su planificación familiar y de procreación y a quien necesita de una TRHA se le niegue tal derecho sólo porque los métodos utilizados por la ciencia médica generan más embriones de los que resultan de una fecundación natural”.

(Del fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul)

Reseñó que los actores criopreservaron embriones pero que en 2018 decidieron poner punto final a la convivencia y que, transcurridos tres años desde ese entonces, formularon su pedido ante el centro de salud, que les informó que, ante la falta de legislación, sólo podía descartarlos con aval judicial.

El juez de primera instancia respaldó la postura de la clínica y el caso llegó a la Sala I, que entendió que el contrato que vinculaba a las partes obedecía a “su voluntad procreacional y al ejercicio de sus derechos reproductivos”, lo que, según explicó, “a todas luces” provocó que ante el cese de aquélla, que los vinculó con la clínica, finalizara el contrato.

Contrato

“El cese de la voluntad procreacional que se concreta en la decisión de no tener más hijos y -además- tener por finalizado el plan de vida y proyecto en común, decanta en el derecho a finalizar el contrato relacionado con ese propósito, bastando a tal efecto la comunicación por escrito a la clínica”, explicó.

A su vez, aclaró que no desconocía “el profundo debate” social que suscita la existencia y futuro de los 50 mil embriones criopreservados en el país, pero advirtió de que ese dato y “las sensibilidades que puedan rodear al tema desde la faz interna de cada individuo” no pueden ser trasladados al ejercicio de la magistratura.

Según el fallo “Artavia-Murillo y otros c/ Costa Rica”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un embrión no puede ser considerado una persona.

Sobre la situación jurídica del embrión, precisó que en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en “Artavia-Murillo y otros c/ Costa Rica”, concluyó que el embrión no puede tener la misma protección de una persona humana; es decir, no le cabe la tutela derivada del derecho a la vida prevista en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Todo redunda pues en respetar el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, sus derechos reproductivos y el cese de su voluntad procreacional sin necesidad de recurrir al servicio de justicia; sobre todo, cuando la ausencia de controversia no permite la configuración de un planteo judicial de la cuestión”, concluyó.

Contradictorio

En otra dirección, meses antes, en mayo de 2021, la Sala G de la Cámara Nacional Civil desestimó el pedido de autorización de una pareja para el cese de la crioconservación de sus embriones no implantados y para que se arbitraran las diligencias necesarias tendientes a su preservación.

El a quo había considerado que los actores no necesitaban autorización judicial para disponer el cese de la crioconservación. La defensora de Menores apeló y la alzada hizo lugar al recurso.

Disputas

Las disputas entre parejas que terminaron su vínculo, sea por separación o divorcio, con respecto al destino de sus embriones congelados son moneda corriente en el país y en el mundo.

Hace poco más de un año, el resultado de un litigio entre dos personas de alto perfil en Estados Unidos puso el tema nuevamente en la agenda de los medios. Se trata de la batalla entre la actriz Sofía Vergara y su expareja, el empresario Nick Loeb. Ambos decidieron someterse a una TRHA cuando estaban juntos y cada uno aportó material genético para crear los embriones. Cuando dieron por terminada su relación, en 2014, comenzó una amarga pelea: Loeb quería conservarlos y Vergara pretendía destruirlos.

En marzo de 2021, la intérprete -de origen colombiano- logró que el Tribunal Superior de Los Ángeles, California, le concediera una orden que le prohíbe a Loeb usarlos sin su consentimiento explícito y por escrito.

El nuevo Código Civil estableció que la existencia de la persona comienza desde la concepción: la reforma quitó la visionaria frase “en el seno materno” y complicó el establecimiento del status jurídico de los embriones.

El sentenciante también determinó que Loeb rompió el contrato preestablecido entre la pareja cuando fijó un fideicomiso para aquéllos en el estado de Luisiana, que es “provida” y los reconoce como seres humanos, y cuando demandó su custodia en esa jurisdicción.

La cautelar evitará que Loeb haga valer de forma unilateral cualquier acción que entable por parte de los embriones o en su nombre con el propósito de que sean implantados sin el consentimiento de Vergara.

2008

Se estima que en Argentina hay más de 55 mil embriones criopreservados, de los cuales casi 40 por ciento está congelado desde antes de 2008.

Sin marco legal, el tema genera incertidumbre y, con ello, problemas.

En 2019, el titular del Juzgado de Familia Número 8 de La Plata, Mauro Cerdá, en un decisorio sin precedentes, autorizó el descarte de los embriones de una pareja que no quería tener más hijos.

Se trató del tercer caso relativo a la materia que se resolvió en el país. El magistrado instó al Congreso a legislar.

Al resolver, destacó que los solicitantes no deseaban continuar “atados a un contrato de tiempo indefinido” y que no querían donarlos para ningún fin.

También en 2019, un grupo de diputados -asesorado por especialistas en medicina y abogados- presentó un proyecto para regular el tema.

La iniciativa incluye el cese de la criopreservación y el destino de aquéllos para investigaciones o donación.

Durante el debate en comisión, los legisladores que impulsan el articulado coincidieron en la importancia de que la normativa se apruebe, para que quienes poseen embriones criopreservados en clínicas privadas sepan a qué atenerse.