“Aporte solidario”: dictaminan contra procedencia de amparo

El fiscal federal Miguel Ángel Gilligan dictaminó que corresponde rechazar un amparo en el que se pidió la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27605, que creó el Aporte Solidario y Extraordinario y su normativa complementaria.

El agente arguyó que la presentación no cumplió con los requisitos para que resulte procedente la acción promovida por el contribuyente. [privado]

A su turno, el accionante argumentó que la norma cuestionada crea, de manera ilegal y arbitraria, una amenaza cierta, actual e inminente a sus derechos y garantías.

El Estado nacional solicitó luego el rechazo del amparo promovido, al considerar que la vía intentada es “manifiestamente improcedente”.

“La Corte ha dicho que el Gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes, siempre que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución”, sostuvo en fiscal.

Al opinar ante el Juzgado Contencioso-administrativo Federal Número 10, Gilligan reseñó que la apertura de procesos de amparo requiere “circunstancias muy particulares”.

“Debe estar probado un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva”, recordó, circunstancias que evaluó como no acreditadas en la presentación.

Asimismo, se refirió a jurisprudencia según la cual sólo cabe la declaración de inconstitucionalidad de una norma “cuando un acabado examen conduce a una convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional invocado”, y valoró que se trata de principio que debe aplicarse con criterio estricto.

El agente repasó las previsiones de la ley cuestionada, que estipula que el producto de lo recaudado por el aporte extraordinario será aplicado en 20 por ciento a equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; en 20 por ciento a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas; otro 20 por ciento al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación; 15 por ciento al Fondo de Integración Sociourbana (FISU) -enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares- y el 25 por ciento restante a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación sobre exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Gilligan alegó también que la norma fue dictada en el contexto de la emergencia pública declarada por el Congreso Nacional. mediante la ley 27541.

Citó el fallo “Peralta”, en el que la Corte Suprema de Justicia señaló “que el fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto”.

Razonable

“La Corte ha dicho que el Gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes, siempre que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución”, agregó.

En cuanto a los criterios establecidos para que los contribuyentes queden comprendidos en el impuesto, el fiscal descartó el planteo en torno a que la medida sería violatoria de la garantía de la igualdad, contemplada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, y citó otros fallos en los que la Máxima Instancia interpretó que aquélla “radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias”, por lo que “no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes”, en tanto las distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución.

En esa línea, ponderó que ley 27605 contiene una medida de excepción, dictada en un contexto de emergencia pública de carácter extraordinaria, por una sola vez, y que la contribución de los sujetos alcanzados por el artículo 2 tiene “fundamento en un parámetro objetivo sustentado en una escala prevista para una suma determinada de dinero valuada en bienes”.

En tanto, consideró que para que proceda el amparo “corresponde acreditar la manifiesta arbitrariedad que la norma exige”, y que “la correcta solución de la controversia planteada depende de aspectos de caracteres fácticos que tienen “una complejidad inconciliable con el estrecho marco cognoscitivo” de la acción de amparo.

Así, indicó que definir una norma como inconstitucional requiere de una prueba concluyente desarrollada sobre la base de la real situación del contribuyente y de la realización de una serie de cómputos y pruebas mediante los cuales surja detalladamente las relaciones y variables tomadas en consideración para arribar a un determinado porcentaje, que se considere violatorio de su patrimonio en relación con el de la incidencia del aporte sobre la capacidad contributiva manifestada.