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Luego de que la Justicia otorgara la autoridad al Gobierno Nacional para finalizar los cortes del puente General San Martín -que une Argentina y Uruguay-, el Jefe de Gabinete anunció que iniciarán acciones judiciales contra los responsables que impidan acatar el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Los asambleístas debaten futuras medidas.
Fernández aseguró hoy en la Casa de Gobierno que «la querella en sí misma procura definir con nombre y apellido a los responsables de no acatar el fallo» de La Haya y añadió que «es absolutamente necesario cumplir con lo dictado por un tribunal internacional», respecto del conflicto desatado por la radicación de la planta Botnia en la vera del río Uruguay y los posibles efectos contaminantes que tendrá esta actividad sobre el curso de agua.
«Ambos países se comprometieron a cumplir el fallo. Hemos presentado además denuncia civil sobre los responsables, porque existe responsabilidad de quienes generan acciones que provocaron cierres de negocios y exportaciones e importaciones, además de la compra de productos uruguayos necesarios, entre otras cosas», dijo el ministro.
El tránsito del puente San Martín está interrumpido por ciudadanos de Gualeguaychú que mantienen bloqueada una ruta que lleva al puente en protesta contra la fábrica. El conflicto fue llevado ante el tribunal de La Haya, que consideró que la planta no contamina, como había denunciado la Argentina, y rechazó su relocalización, aunque dijo que Uruguay incumplió parte del Tratado del Río Uruguay que regula el control conjunto con Argentina de ese curso de agua.
«Nuestro objetivo es cumplir el fallo de la Corte Internacional de La Haya porque oportunamente a eso nos sometimos. También hay que cumplir la política ambiental, que es nuestra responsabilidad estratégica y política. Hay que garantizar que los ciudadanos no corran riesgos de ninguna naturaleza. Pero el fallo no reconoce que haya habido contaminación», dijo hoy el ministro.
«El tema terminó con el fallo. Ahora observamos que la ocupación del puente continúa, como si no hubiera habido un punto de inflexión. Esto es un alzamiento contra el tratado, que tiene rango constitucional. Estas conductas impedirán el control y el monitoreo permanente. No hay forma de predisponer a Uruguay a trabajar conjuntamente ante esta situación», señaló hoy Fernández.
