Amnistía Internacional le reclamó al canciller que tome una postura “clara y contundente” en contra de violaciones a DDHH en la región

La organización Amnistía Internacional (AI) le envió una carta al canciller Felipe Solá reclamándole que tome una postura “clara y contundente” en contra de la violación de derechos humanos en países de la región.
AI fustigó la decisión del Estado argentino de retirar su apoyo a la denuncia que se sustancia en la Corte Penal Internacional en contra de los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela.
En la esquela que firmaron Mariela Belski y y Érica Guevara Rosas -directora ejecutiva y para las Américas, respectivamente-, el organismo consideró indispensable que el Estado argentino demuestre compromiso con la verdad, la Justicia y la reparación de las víctimas de “violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos”.
“Queremos instar, en nombre de Amnistía Internacional, a que el gobierno que usted representa en la esfera internacional se posicione de manera clara y contundente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido y se siguen cometiendo a diario en Venezuela”, enfatizaron Belski y Guevara Rosas.
“De igual manera, reiteramos nuestro llamado a la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos Estados preocupados por la situación en el país, y le exhortamos a que apoye públicamente la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual, como es de su conocimiento, consiste en una de únicas esperanzas de verdad, Justicia y reparación para el pueblo venezolano”, acotaron.
Cabe recordar que el gobierno argentino retiró su apoyo a la pesquisa contra Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y que Solá dijo que la decisión era una consecuencia de la salida del país del Grupo de Lima.
La demanda fue presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, en 2018.
Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante aquel tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.