ESCUCHARLa investigación llega hasta 2019, ya que aún no se sistematizaron los crímenes de mujeres en contexto de violencia de género de 2020 ni de enero y febrero de 2021.
De acuerdo con un informe elaborado por la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), entre 2017 a 2019 al menos 52 víctimas de femicidio directo y vinculado tenían medidas de protección.
Se trata del documento titulado “Estudio sobre denuncias de violencia de género/doméstica y medidas de protección en víctimas de femicidio”, que brinda un panorama general nacional, con datos más específicos de la ciudad de Buenos Aires.
Según la OVD, la investigación busca contribuir al diseño de políticas públicas que faciliten el acceso a Justicia, eviten la revictimización y prevengan desenlaces fatales y “evaluar el cumplimiento de la debida diligencia desde el inicio de las denuncias hasta la resolución de las causas judiciales”.
La OVD y la Oficina de la Mujer, que están a cargo de la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton, tomaron como base el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA).
La investigación llega hasta 2019, ya que aún no se sistematizaron los crímenes de mujeres en contexto de violencia de género de 2020 ni de enero y febrero de 2021.
“Algunas de las variables incluidas en este estudio ya fueron relevadas oportunamente para la elaboración del mencionado registro, pero su baja tasa de respuesta impulsó la necesidad de actualizar y completar dicho relevamiento, reconoce en el documento.
El material se difundió mientras hay cuestionamientos a la Justicia y a otros poderes y organismos por la falta de acciones efectivas que impidan los femicidios, que se sostienen en la trágica estadística de, en promedio, uno por día en el país.
Casos recientes, como el de Úrsula Bahillo, asesinada por el policía Matías Martínez en la localidad bonaerense de Rojas, y el de Guadalupe Curual, perpetrado por Bautista Quintriqueo en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, son una muestra de la crisis del sistema de protección a mujeres en situación de violencia: ambas habían presentado varias denuncias contra sus agresores.
El informe de la Corte especificó que el registro identificó 821 víctimas letales de la violencia de género entre 2017 y 2019.
De ese total, 757 fueron víctimas de femicidios directos y 64 de femicidios vinculados -es decir, los perpetrados contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer o porque intentaron protegerla-.
Entre las víctimas de femicidio directo, 743 eran mujeres y 14 eran mujeres trans/travestis; y las víctimas de femicidio vinculado eran 33 mujeres y 31 varones.
Con base en este detalle, el nuevo estudio identificó que 52 mujeres tenían medidas de protección, como restricción/prohibición de acercamiento del agresor.
También indicó que otras habían logrado excluirlo del hogar o acceder a botones antipánico, dispositivos cuestionados por no ser efectivos, ya que requieren de un monitoreo que no está dando resultado.
«Si se toman los tres años en conjunto, se registraron en promedio al menos 17 víctimas con medidas de protección vigentes entre 2017 y 2019 en Argentina», resumió la investigación.
La mayoría de las víctimas tenía otorgadas medidas de protección, como restricción/prohibición de acercamiento del agresor.
El documento tiene un apartado específico sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que consigna que en ella al menos tres de las 21 víctimas directas habían presentado denuncias previas, que dos tenían medidas de protección y que ninguna contaba con patrocinio jurídico.
Organización
Según informó la organización MuMalá, en los dos primeros meses de 2021 se registraron 47 femicidios, lo que equivale a una mujer asesinada cada 30 horas. En tanto, expuso que hubo 64 tentativas.
Según los datos que aportó MuMaLá, 94% de los autores eran conocidos por las víctimas (64% parejas y exparejas) y 70% de los hechos se cometió en la vivienda de la mujer o en la que compartía con el autor.
