La causa comenzó por una denuncia de Graciela Ocaña (ECO), quien aseguró que el directivo usó fondos de la entidad para comprar letras del Estado, con el objetivo de financiar al Gobierno. El funcionario dice que la operación fue exitosa para el organismo.
Luciano Di Cesar, titular del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), fue procesado en la causa que se investiga el uso de fondos de la entidad para comprar letras del Estado.
La medida fue tomada por el juez Claudio Bonadio, quien argumentó que el PAMI sólo podría legalmente financiar al Estado “si prestara un servicio de calidad y tuviera excedentes, lo que no sucede”.
Además, Bonadio embargó los bienes del directivo y le ordenó que se presente ante su juzgado dentro de las 72 horas de anoticiado de su procesamiento.
La investigación comenzó a partir de una denuncia de la diputada Gracia Ocaña, quien aseguró que en 2012 el PAMI tenía aprobado un presupuesto para todo el año de 26 mil millones de pesos, pero que habría usado parte de ese monto para comprar 2.330 millones de Letras del Tesoro, con el objeto de financiar los gastos del Gobierno.
En su resolución, el magistrado reseñó que la actividad expuesta pudo sostenerse durante un período aproximado de cinco años, como consecuencia de las sucesivas renovaciones y superposiciones de las Letras del Tesoro, de las deficiencias de la contabilidad del instituto, de la “laxitud de los controles internos” y de la imposibilidad de que organismos externos analizaran las cuentas.
Operación exitosa
En su declaración indagatoria, Di Cesar argumentó que la compra de letras no sólo fue legal sino que resultó en una operación exitosa para el organismo.
“La diferencia de los intereses entre tener el dinero en plazos fijos y haber adquirido las Letras del tesoro fue más de 293 millones de pesos”, argumentó en aquel entonces, en su defensa.
Como parte de la investigación, el magistrado indagó también al exministro de Economía, Hernán Lorenzino; al extitular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y a tres gerentes del PAMI: Carlos Lieutier, Pedro Insausti y Danilo Zelaya.
A Lorenzino, el juez Bonadio le dictó falta de mérito, mientras que los otros cuatro funcionarios fueron sobreseídos.
