Admitieron la apelación de un hombre que demandó a su ex para que no aborte

La magistrada sanjuanina Amanda Díaz había entendido que en el caso no se acreditaron los requisitos necesarios para que procediera la cautelar solicitada. Estimó que el accionante no probó la existencia del embarazo ni la supuesta intención de la mujer de ponerle fin. La alzada hizo lugar al recurso del actor

El 21 de abril, en la ciudad de San Juan, un hombre acudió a la Justicia para evitar que su ex pareja abortara. [privado]

Lo hizo en el marco de un vacío jurídico en la materia: a la fecha, no hay fallos en el país que obliguen a una mujer a continuar la gestación por pedido del padre del bebé, situación que no fue tratada y por consiguiente no figura en la norma sancionada en diciembre del año pasado.

Ante medios periodísticos, aseguró que hacía “lo imposible” para defender la vida de su hijo. “Sé de los derechos de quien era mi pareja pero sólo le pido que lo tenga y que me lo dé”, declaró.

Según su testimonio, la mujer quería ponerle fin a una gestación de 12 semanas.

“Como pensamos diferente, hemos perdido el diálogo pero, a pesar de eso, le propuse que lo tenga y me lo entregue. Si después ella quiere continuar con su vida va a poder hacerlo”, insistió el demandante en una entrevista con la radio local AM 1020.

“Todo se focaliza en los derechos de la mujer pero mi hijo también tiene derechos y nadie puede decidir sobre él. Ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia”, dijo también.

Por medio de sus abogados, Mónica Lobos y Martín Zuleta, el actor solicitó el dictado de una medida cautelar, con el fin, según alegó, de “proteger el embarazo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La letrada Mónica Lobos, presidenta de Abogados por la Vida, patrocinó al actor. El 21 de abril, cuando presentó la demanda, manifestó: “Pedimos que se proteja la vida del niño y que las obras sociales, como cualquier otra entidad pública o privada, se abstenga de realizar la práctica abortiva”.

Según Lobos, se trata de una “aniquilación de derechos” que no es subsanable. “Una vez muerto el niño, sea cual fuere la decisión del tribunal sobre la cuestión de fondo, será imposible revertir y garantizar el respeto de los derechos esenciales que pedimos sean protegidos”, alegó.

En el país no hay precedentes de un fallo que impida un aborto por pedido del padre del bebé, algo que no está contemplado en la norma sancionada en diciembre del año pasado, la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), según la cual el aborto es de acceso libre, hasta la semana 14, con el solo consentimiento de la persona que lo vaya a realizar. Una vez pasado ese plazo, la práctica sólo es legal en caso de que haya un peligro para la salud de la gestante o ante un caso de violación.

La semana pasada, el Juzgado en lo Civil Número 11 de San Juan rechazó la pretensión del supuesto padre.

La magistrada Amanda Díaz entendió que no se acreditaron los requisitos necesarios para que proceda una medida cautelar; es decir, verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora.

En ese sentido, indicó que el accionante sólo presentó como prueba del presunto embarazo en curso una copia de la nota que llevó a la obra social que su expareja.

El 23 de abril, los grupos “Papás en lucha” y “Ola Celeste” se manifestaron en San Juan capital para apoyar al hombre.

Leonardo Pantano, representante de Ola Celeste, afirmó que el demandante “ofreció desligar de toda responsabilidad a la madre” y opinó que, por ello, no había “mucho más que discutir”.

Por su parte, Emilia Palacio, dirigente de Papás en lucha, criticó que a horas de la presentación de la acción la Justicia no se hubiera pronunciado.

La juzgadora aclaró que eso no basta para acreditar la gestación porque sólo constituye una expresión unilateral de voluntad del propio peticionante.

Bajo esa premisa, indicó que el medio probatorio sobre el cual el peticionante edificó su pretensión únicamente acredita la existencia de un vínculo jurídico entre las partes cuando el instrumento fue expedido por el Registro Nacional de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Por lo demás, estimó que el resto de sus planteos se basó en sus dichos.

Capturas

Si bien el hombre también acercó al expediente capturas de pantalla que reflejaban una supuesta conversación que mantuvo con la mujer, en la cual ella le habría expresado su voluntad de terminar el embarazo, la jueza valoró que el accionante “no demostró ser el propietario del aparato telefónico” con el que obtuvo las fotos ni la autoría de los textos.

“Tampoco acredita que la línea con la que mantuvo la supuesta conversación pertenezca a su ex y, en su caso, que haya sido ella con quien mantuvo el diálogo”, añadió.

Para Díaz, el valor probatorio que corresponde atribuirle a “una charla por Whatsapp” es “sumamente escaso” ya que, tanto la imagen que pudo observar cualquier notario interviniente como las copias presentadas, no prueban “la veracidad y autenticidad de la conversación”.

La juzgadora explicó que ello es así “debido a la facilidad de cualquier usuario promedio en borrar datos o imágenes de la aplicación con posterioridad a cualquier charla y previo a realizar capturas de pantallas y/o constatación”.

El actor recurrió y el sábado trascendió el tenor de lo resuelto al respecto por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, integrada por los jueces Juan Carlos Noguera Ramos, Sergio Rodríguez y Juan Carlos Pérez, que revocó el fallo de Díaz e hizo lugar a la cautelar.

La alzada lo dejó sin efecto alegando que el apelante estuvo legalmente casado, por lo que rige la presunción de paternidad.

Bajo esa premisa, consideró que correspondía analizar con detenimiento si el sujeto en cuestión “está o no en condiciones de impedir” el aborto “con el fin de resguardar sus derechos como padre”.

Matrimonio

El tribunal remarcó que en el matrimonio, como institución de orden público, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad, y que ambos deben prestarse asistencia mutua, razón por la cual “el sistema de toma de decisiones que hace a los aspectos más relevantes en la relación conyugal necesita de forma imperativa de la confluencia de ambas voluntades”. Sobre el caso llevado a su conocimiento, la cámara entendió que el disenso sobre asuntos de trascendencia familiar a partir de la concepción “no puede estar sometida a la voluntad potestativa de ninguno de los cónyuges”, lo que incluye la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

Por esa razón, ordenó como medida cautelar de no innovar que la ex pareja del accionante “se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta”.

Lobos, una de las patrocinantes del demandante, aseguró que están “felices” con la sentencia porque, a su entender, “reconoció la responsabilidad parental y los derechos del niño por nacer”, logrando “preservar la vida del bebé y los derechos del padre”.

Ley de IVE

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) norma que el aborto es de acceso libre hasta la semana 14, con el solo consentimiento de la persona lo vaya a realizar. En tanto, determina que una vez pasado ese plazo, la práctica sólo es legal en caso de que haya un peligro para la salud de la persona gestante o ante un caso de violación. Según el procedimiento formal, es posible acceder al derecho que garantiza la legislación ante los servicios del sistema de salud público y privado, en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento. Establece que el funcionario público o personal de la salud que dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los supuestos autorizados podrá ser sancionado penalmente e inhabilitado para el ejercicio de la profesión. La base para acceder a la práctica es la red de 600 prestadores de salud distribuidos irregularmente entre las provincias y unos 200 servicios que ofrecen consejería. Pese a que la nueva ley marca que ante la objeción de conciencia, se debe garantizar la derivación de la paciente. Sin embargo, hay trabas para proceder en el acceso, además de los planteos jurídicos y la militancia activa de los grupos “provida”.