Admiten seguro de vida por incapacidad total

El tribunal enfatizó que el concepto jurídico de invalidez total no puede caracterizarse de un modo puramente abstracto, desvinculado de las circunstancias personales del asegurado y de la concreta relación de trabajo que cumplía. [privado] La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial le ordenó a la Caja de Seguros SA abonarle $ 59.627,80, más intereses, a A.B. A su turno, el actor demandó el pago del seguro de vida por incapacidad total y permanente que pactó con la accionada, cuya cuota mensual era deducida por su empleadora de su recibo de haberes. Además, indicó que el monto reclamado era el resultante de multiplicar por veinte el salario de los últimos seis meses de su relación laboral. La Alzada hizo lugar a su planteo y le ordenó a la aseguradora abonarle al actor el seguro de vida por incapacidad de 76,45% que padece, generada por dolencias consecuencia del trabajo que realizaba, como limitación funcional de columna vertebral, hipoacusia inducida por ruido e insuficiencia respiratoria. El tribunal recordó en su fallo que la naturaleza del contrato de seguro y la posición especial de las partes llevan a una aplicación “más frecuente y rigurosa del principio de buena fe”. Así, plasmó que respecto del asegurador, el tomador se debe conducir con la mayor lealtad posible en cuanto se refiere a la descripción del riesgo y al mantenimiento del estado de riesgo. En tanto, detalló que, respecto del tomador, el asegurador también debe manejarse con lealtad en cuanto se refiere a la ejecución de sus obligaciones y a la interpretación de la póliza, por el carácter del contrato, cuya comprensión generalmente escapa a la capacidad del tomador, y por su naturaleza de contrato de masa, de condiciones generales uniformes. En esa línea, enfatizó que, al ser de carácter alimentario, prima el fin social y se exige la buena fe de las partes desde el nacimiento de la contratación hasta su finalización. Además, la Cámara consignó que el alcance del término incapacidad total o permanente que es requerido a efectos de juzgar configurado el riesgo previsto debe ser interpretado en sentido flexible y no literalmente, precisando que a los fines de determinar la imposibilidad de realizar otras tareas remunerada no procede ceñirse a parámetros abstractos ni fórmulas matemáticas, pues es preciso tomar en consideración las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener con respecto a su actividad actual y a su vida en relación. “La cláusula de la póliza de seguros que cubre el riesgo de invalidez total no puede ser entendida en su expresión literal, sino en un sentido más flexible, pues se trata de establecer si el beneficiario se encuentra imposibilitado de realizar aquellas actividades que le eran habituales u otras similares”, determino. El tribunal expresó que el concepto jurídico de invalidez total no puede caracterizarse de un modo puramente abstracto, desvinculado de las circunstancias personales del asegurado y de la concreta relación de trabajo que cumplía en la empresa, al margen de ponderar eventuales o probables variaciones en la prestación de los servicios, acordes con las posibilidades efectivas de las fuentes de trabajo. Pericias Además, subrayó que si bien las normas procesales no le otorgan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del experto, para desvirtuarlo es imprescindible advertir fehacientemente el error o insuficiente aprovechamiento de los acontecimientos científicos que debe tener por su profesión o título habilitante, añadiendo que cuando aquél aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe prueba de parejo tenor que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar sus conclusiones. [/privado]

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