Admiten aumento de honorarios de abogada en proceso de incapacidad

La Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba admitió la apelación interpuesta por una abogada en un juicio de limitación de capacidad y ordenó que se cuantifiquen sus honorarios en 50 jus, de acuerdo con los parámetros de los pleitos sin contenido económico, pero teniendo en cuenta al momento de su ejecución que ese monto no debe superar el 10% del patrimonio del incapaz.

La letrada que quejó cuestionando la regulación practicada a su favor, por las tareas desempeñadas como curadora provisoria en el referido trámite, argumentando que equivalía a cuatro jus, siendo arbitraria e infundada, puesto que se aparta “sensiblemente” de la mínima dispuesta por el Código Arancelario (CA) para la actuación profesional desarrollada.

Artículo

La cámara, integrada por los vocales Guillermo Tinti y Julio Sánchez Torres recordó que el artículo 77 de la ley arancelaria establece: “ En los procesos de jurisdicción voluntaria no susceptibles de apreciación pecuniaria, se regula como mínimo: 1) Insania: cincuenta (50) Jus con un máximo de ciento cincuenta (150) jus (…)”, “ norma que resulta de aplicación en autos por tratarse el presente caso de un supuesto de limitación de capacidad ”.

En consecuencia, la alzada estimó que la regulación provisoria “ no puede quedar establecida en el mínimo legal previsto para la retribución de un acto procesal –equivalente a cuatro jus (arg. art. 36, ley 9459)-, sino que debe quedar enmarcada en el mínimo legal previsto dentro del régimen regulatorio específico para su actuación profesional, esto es la suma equivalente a 50 jus (arg. art. 77 inc. 1, ley 9459) ”.

En ese sentido, el fallo precisó que la norma precedentemente transcripta “ evidencia la decisión legislativa de calificar estos supuestos como faltos de contenido económico propio, prescindiendo del valor del patrimonio de la persona cuya capacidad está en ponderación ”.

De ello los jueces derivaron que tal criterio, “ resulta adecuado en tanto en el proceso no se discuten cuestiones patrimoniales, sino que el debate se ciñe a la capacidad de una persona humana ”.

No obstante, el tribunal aclaró que ello “ no impide que los valores patrimoniales puedan ser tenidos en cuenta como criterios cualitativos a los fines de establecer una justa retribución de la tarea cumplida (art. 39, ley 9459) y como límite a la responsabilidad por costas de la persona cuya capacidad se restringe (art. 840, CPCC) ”.

Resalto

En esa dirección se apuntó que “ debe tenerse presente que -tal como lo pone de resalto la apelante- el art. 840 del CPCC, en lo que aquí interesa, dispone: (...) Los gastos y honorarios a cargo del presunto insano no podrán exceder, en conjunto, del diez por ciento del monto de sus bienes ”.

Asimismo, la resolución entendió que dicho porcentaje “ debe considerarse un tope y no un criterio a tener en cuenta para fijar las regulaciones de honorarios ”, por lo que se consideró que “ no es necesaria la determinación exacta del patrimonio del condenado en costas, pues la labor profesional debe retribuirse de acuerdo a lo establecido por la normativa arancelaria ”.

En esta línea, se sostuvo que no puede soslayarse que el propio CA dispone en su artículo 69 -citado por el juez de grado como fundamento de la regulación- “ que en los procesos relativos a incapacidad y derechos de la personalidad, entre otros, además de las pautas del art. 39 de la propia ley, debe tenerse en cuenta la incidencia de las costas en la situación socioeconómica de la familia, sin perjuicio de la regulación complementaria que corresponda en el caso de mejor fortuna ”.

Por las razones dadas, en el fallo se resolvió que los honorarios profesionales de la recurrente “ deben establecerse en el equivalente a cincuenta jus (arg. art. 77, inc. 1, Ley 9459), sin perjuicio de que, al tiempo de su ejecución, deberá tenerse presente el límite de la responsabilidad por costas previsto en el art. 840 del CPCC ”.