ESCUCHARRecomienda que esta tarea deje de ser realizada por el Poder Judicial y que pase a manos de un organismo autónomo e independiente. Además, plantea que el destino de los bienes sea el Estado sólo si no es posible la determinación de víctimas
En el sistema actual, el destino final de los bienes incautados en una causa judicial depende de la decisión de cada juez o jueza. Esto implica, en primer lugar, una multiplicidad de criterios respecto a la forma como serán utilizados dichos bienes, así como diversas percepciones respecto al rol que deben ocupar las víctimas en el proceso penal. La consecuencia de esta primera característica es la imposibilidad de contar con un sistema coherente de reparación de las víctimas que dependa de criterios objetivos. A la falta de éstos se suma la ausencia de controles suficientes sobre el proceder de las autoridades judiciales.
