Abogados reclaman por el mal funcionamiento de las comisiones médicas

Aseguran que faltan dependencias y que hay una visión muy restrictiva para reconocer una enfermedad laboral o determinar un porcentaje de incapacidad. También piden la implementación completa del PDA

El Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas (CAAL) presentó un documento ante las autoridades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en el que manifiestan su p reocupación por el funcionamiento de las comisiones médicas (CCMM) en la provincia de Córdoba .

Los reclamos se refieren a diferentes cuestiones: cobertura geográfica; celeridad y calidad de la atención de las CCMM; otorgamiento de porcentajes de incapacidad insuficientes; rechazos de siniestros como “enfermedades no listadas”, e incumplimiento con la Ley de Aranceles Profesionales de Abogados .

En diálogo con Comercio y Justicia , el presidente de la CAAL, César Arese, advirtió de que faltan sedes en el interior de la provincia y también en la ciudad de Córdoba, lo que genera demoras en la tramitación de expedientes.

Arese precisó que estos planteos ya fueron expuestos en el Ministro de Trabajo de la Provincia, que dirige Omar Sereno, y que se ha conformado una comisión específica destinada a receptar las propuestas e incorporar modificaciones a la ley Nº 27348, Complementaria de Riesgos del Trabajo, a la que adhirió Córdoba hace seis años.

El jurista se mostró preocupado por la visión restrictiva de las CCMM a la hora de reconocer ciertas enfermedades laborales o de fijar un determinado porcentaje de discapacidad al trabajador, lo que deriva en mayor litigiosidad teniendo en cuenta que aquél se ve obligado a continuar su reclamo en los tribunales. También se quejó por el desdoblamiento arbitrario de algunos trámites y , en muchos casos, el exceso en los plazos de resolución del organismo para resolver las contingencias que se plantean. “Cuando un trabajador tiene diversas patologías, en lugar de abrirse un expediente por trabajador, se hacen trámites por separado, se hacen diferentes dictámenes y todo se torna más complejo”, explicó.

Asimismo y entre los cambios que debería incluir la normativa, Arese advirtió de la necesidad de introducir modificaciones en la regulación de honorarios a los letrados. “La normativa fija un piso del 10% y en la práctica ese piso es la regla; aun cuando el trabajo del abogado lo amerite, nunca se regula más de 10%”, precisó.

Créditos laborales insuficientes

Los créditos laborales que perciben los trabajadores luego de un proceso judicial también son motivo de preocupación del CAAL, que reclama su urgente actualización.

Arese destacó que urge la r evisión de las posturas fijadas en el fallo "Hernández contra Matricería Austral" y se disponga una actualización de los créditos laborales conforme el índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés moratorio de al menos 15%.

La fórmula "Hernández" implica para el trabajador una pérdida de 50% de su crédito laboral. “Esta fórmula de cálculo sumada a la mora en los tribunales no hace otra cosa que aumentar la litigiosidad. A los empresarios les conviene demorar el pago”, opinó.

Aplicación del PDA

El CAAL tiene previsto reunirse con miembros del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, al que le reclamarán la demorada aplicación del inciso K en el Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA).

“Queremos que el PDA se aplique de manera integral, es la única manera de agilizar los juicios laborales”, señaló el presidente de la asociación civil.

El planteo de los letrados está vinculado con los resultados que ha tenido el procedimiento oral: las estadísticas muestran que ha permitido darle celeridad a la resolución de los conflictos del trabajo. El problema es que aún son numerosos los litigios laborales que deben continuar tramitándose de manera ordinaria.

En ese sentido y para evitar la saturación que podría implicar la implementación del inciso K, el TSJ puso en marcha el 1 de diciembre último un plan piloto de reorganización del fuero de Conciliación y Trabajo de la capital . De esta manera, se modificó la estructura organizacional de los juzgados y se recurrió a la creación de oficinas comunes de soporte a la jurisdicción. Asimismo, se sumaron nuevos jueces de Conciliación y Trabajo. El paso siguiente será la implementación del inciso K que hoy reclaman los abogados.

Asociación Civil

El CAAL se constituyó como asociación civil. Fueron elegidos presidente Cesar Arese; vicepresidente María Martha Terragno; secretario General Luciano Ciaravino; tesorera Fabiola Piretro; protesorero Ignacio Martínez; secretario de Publicaciones, Ariel Curone; secretario de Actas Lucas Petitti; secretario de Eventos Académicos e Institucionales Martín Allende; secretaria de Difusión Teresa Marconetto; vocales titulares: Oscar Luque, Florencia Giletta y Nicolás Astegiano; vocales suplentes: Verónica Finello, Carlos Olivas y Santiago Vivas; Comisión Revisora de Cuentas: Juan Pablo González, Juan Ignacio Ferrer y Juan Carlos Layún. Asimismo, se designó a los organizadores de la regionales Sur, Río Cuarto, Agostina Lacase; Sureste, Villa María, Itatí Demarchi; Noroeste, Cruz del Eje, Ricardo Seco, y Este, San Francisco, Matías Astegiano.